Con el respaldo de todos los organismos interesados

Para que las tobilleras electrónicas pudieran ser aplicadas en casos de violencia de género fue necesario que el Tribunal Superior de Justicia estableciera un protocolo específico.

Los detalles de ese protocolo de actuación fueron consensuados por todos los órganos que intervienen en el abordaje institucional de la problemática, a saber: la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar –que dirige la vocal del Tribunal Superior, María Marta Cáceres de Bollati–; la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia; el Equipo Técnico del Poder Judicial de Córdoba; y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de la Provincia.

El Protocolo se firmó en diciembre del año pasado y estableció que, como experiencia piloto, la entrega de los dispositivos duales tiene que ser ordenada por un juez con competencia en Violencia Familiar y de Género. Ese magistrado es el que evalúa los indicadores de gravedad del caso, que figuran en el anexo del formulario que se preparó en Córdoba para la recepción de denuncias de violencia de género. Además, los jueces deben analizar las constancias de la causa y el informe de riesgo elaborado por los Equipos Técnicos del Poder Judicial.

Ante la cantidad de casos graves, en los que los botones antipánico no alcanzan para garantizar la seguridad, los equipos duales que estaban disponibles se distribuyeron rápidamente.