Plan del Privado
Dicen que hay presunción del delito de desbaratamiento de derechos acordados.
La Justicia federal hizo lugar al segundo amparo presentado por un afiliado al Plan Ospe-Privado, para que le restablezcan la cobertura de la que gozaba.
Otros harán una denuncia penal por “desbaratamiento de derechos acordados”.
En tanto, la Justicia federal hizo lugar al segundo amparo presentado por afiliados a Ospe.
El abogado Carlos Nayi, representante legal de adherentes al plan de salud Hospital PrivadoOspe que se vieron perjudicados por los cambios dispuestos por la obra social de petroleros, presentó ayer una denuncia penal contra los directivos de Ospe por el presunto delito de desbaratamiento de derechos acordados.
Esto se suma al segundo amparo al que hizo lugar ayer el juez federal Ricardo Bustos Fierro, presentado también por un adherente a este plan de salud. Del mismo modo que en el primer amparo concedido, el magistrado le ordenó a la obra social de los petroleros restablecer la cobertura en el Privado en el término de tres días.
En cuanto a la denuncia penal, Nayi informó que la presentación la hizo en la Justicia provincial en nombre de uno de los afiliados damnificados por la situación. Y precisó que abarcará a todos los directivos de la obra social que tuvieron responsabilidad en la decisión que implicó un cambio en las reglas de juego para los afiliados al plan de salud con cobertura en el hospital Privado.
“Hemos evaluado que lo que ocurre excede un mero incumplimiento contractual y la violación de normas constitucionales básicas, y que, más allá del reproche civil y de haberse afectado el derecho a la salud, la Justicia debe analizar la presunta responsabilidad penal de Ospe”, dijo el abogado. Y agregó: “Entiendo que la forma que escogió Ospe para dejar en situación de desamparo y en situación de incertidumbre a miles de familias con una suerte de desafiliación encubierta debe ser investigada por la Justicia en el ámbito penal”, consideró.
El delito que se pide investigar es una modalidad específica de estafa tipificada en el artículo 173, inciso 11, del Código Penal. Más cautelares El segundo amparo fue presentado ayer a la mañana en Tribunales federales por el abogado Nayi, en representación de Manuel José Peirotti y su esposa, y fue resuelto pocas horas después por Bustos Fierro.
El miércoles último, el mismo juez había hecho lugar a un recurso similar presentado por el abogado Antonio Contreras, en su doble carácter de letrado y damnificado junto con su grupo familiar, por el cambio de cartilla prestacional dispuesto unilateralmente por Ospe desde este mes.
De manera similar, el magistrado consideró que la cobertura reclamada tiene respaldo legal en normativas de la Ley de Defensa al Consumidor, y también en rango constitucional a través de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica.
También tuvo en cuenta el peligro en la demora para hacer lugar a la cautelar señalando que: “(...) los amparistas son atendidos desde hace años por profesionales del hospital Privado en base a las afecciones que padecen, y a fin de que el cambio intempestivo de prestador no cause un perjuicio en los tratamientos que vienen llevando a cabo”.
En ese marco, Bustos Fierro ordenó a Ospe restablecer la cobertura, con los servicios, pres- tadores y costos contratados establecidos en el plan de afiliación que tenían previamente.
La obra social había dispuesto que, a partir de julio, los adherentes al plan de Salud Hospital Privado, para conservar esa cobertura, debían cambiarse a otro cuyo costo en general duplica lo que venían pagando. La no aceptación del traspaso implicaba un cambio sustancial en la plantilla de prestadores, ya que dejaban de tener atención en el Privado para recibirla en otras tres clínicas privadas de la ciudad de Córdoba.