Sorpresa en la cantidad de empleados estatales en provincias y en Ciudad de Buenos Aires
Afines de 2016 se publicó un cuadro estadístico de singular importancia elaborado por la Administración Federal de Ingreso Públicos (Afip) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que –es curioso– no fue motivo de ningún análisis, pese a establecer la relación de empleados públicos en cada jurisdicción por cada mil habitantes.
En función de ello, se proporcionó una valiosa e integral información sobre política salarial local, y también ayuda a evaluar méritos relativos respecto de dichas gestiones. Incluso el Gobierno de nuestra provincia ha mantenido un inexplicable silencio, aunque pudo haber gozado del mérito de que registra el mejor indicador con sólo 35 empleados por cada mil habitantes, respecto de las restantes 23 jurisdicciones sometidas a estudio.
La media de empleados en el total evaluado es de 51 cada mil habitantes. Pero este promedio es bajo debido a que las siete provincias más prolijas representan el 30 por ciento del conjunto y en ellas residen el 67,9 por ciento de la población total.
En cambio, en las restantes 17, vive sólo el 32,1 por ciento de los argentinos, proporciones que desnaturalizan el uso de tales promedios.
En consecuencia, las conclusiones del informe oficial, lejos de esclarecer, generan relaciones equívocas que llevan a conclusiones que no permiten hacer evaluaciones correctas.
Existen otras seis jurisdicciones que registran índices más elevados, aunque todas por debajo de la cuestionable media antes referida.
Por orden de méritos, aparecen, luego de nuestra provincia, Santa Fe, con 39; Buenos Aires, 40; Mendoza, 42; San Luis, 46; Misiones, 49 y Salta, 50. Como se puede advertir, si bien las cinco primeras corresponden a las que exhiben mejores condiciones de desarrollo, las dos últimas no se destacan en tal sentido.
Según lo manifiestan sus autores, este estudio tuvo como objetivo evaluar tanto en términos absolutos como relativos la conducción de todas las provincias, además de desnudar las situaciones más comprometidas, con la idea de prestar colaboración técnica, funcional y económica para mejorar tales situaciones que condicionan las lógicas pretensiones de progreso.
No puede perderse de vista que por lo menos la mitad de los fiscos evaluados operan en ámbitos donde los fondos propios son escasos y la ayuda federal es indispensable; pero no para ampliar la burocracia.
Los autores también refieren que otro de los fines del estudio fueron los desesperados pedidos de ayuda federal por parte de las autoridades de la provincia de Santa Cruz, pues quedó patentizada la insolvencia generada por la relación más desfavorable en materia de empleo público, que allí se eleva a 115 por cada mil habitantes.
Es muy probablemente que en ese distrito haya insuficientes fuentes privadas de ocupación, aunque eso no libera de la enorme carga presupuestaria que supone el sobreempleo público.
Una situación bastante parecida se ve en las provincias de Catamarca y Tierra del Fuego donde, respectivamente, dicha relación asciende a 113 y 101 empleados cada mil habitantes. A ellas deben agregarse, por su similitud, La Rioja, con 99 empleados públicos cada mil; Neuquén, 94; Jujuy, 87, y Río Negro, 80.
A estas las suceden otras nueve provincias con un nivel de empleo bastante más moderado, pese a que varias no cuentan con mejores fuentes ni condiciones locales de trabajo en su respectivo sector privado que las recién mencionadas, aunque es evidente que sus gobernantes fueron más prudentes.
Tales provincias son Chubut, con 77 empleados cada mil; seguida por Santiago del Estero, con 71; Chaco, 70; La Pampa, 69; Formosa, 68; Entre Ríos, 67; Corrientes, 58; Tucumán, 53 y San Juan, 52. En estos últimos casos no se optó por la vía fácil, pero que sin dudas es la más inconveniente en función de niveles de eficiencia y productividad.
Un párrafo aparte merece la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que presenta una relación de 66 empleados por cada mil habitantes.
Ello no tiene justificación alguna y es obvio que en esa jurisdicción se ha exagerado la dimensión del plantel. Sus servicios locales (no confundir con los nacionales) no son mejores ni diferenciados respecto a los que se prestan en Santa Fe y Córdoba. Tras esta observación pueden sacarse conclusiones. * Economista