Fuertes objeciones de Defensoría de la Nación a Cormecor
El organismo recomienda buscar otro predio para el nuevo enterramiento de los residuos. El informe fue remitido a la UNC, que debe revisar los estudios de impacto ambiental.
La Defensoría del Pueblo de la Nación difundió ayer un documentó en el que aconseja anular el análisis de impacto ambiental y buscar otras opciones al predio en el que Cormecor tenía pensado instalar el complejo de enterramiento y tratamiento de basura, cerca de Villa Parque Santa Ana, a 25 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
El informe fue elaborado por el organismo nacional y enviado a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el contexto del pedido que realizó la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Instancia para que la casa de altos estudios analizara si tenían fun- damento las críticas al análisis de impacto ambiental presentado por Cormecor (la sociedad intermunicipal que lidera la Municipalidad de Córdoba).
La Defensoría del Pueblo de la Nación se abocó al caso a pedido de los vecinos de Villa Parque Santa Ana, y envió el informe a la UNC debido a que Cormecor no puede actuar si hay causas judiciales de por medio. Es la primera intervención directa de un organismo nacional en el tema.
Sin embargo, el presidente de Cormecor, José Aiassa, relativizó la importancia de las objeciones de esa entidad debido a que su actuación no es vinculante. Desde la Provincia señalaron que sólo se trata de una opinión más en un asunto que está judicializado.
Lo cierto es que mientras no haya resolución judicial, Cormecor no puede adjudicar la licitación para la construcción del complejo ambiental ni empezar ninguna obra en el predio.
Ayer se hizo público un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación que recomienda dejar sin efecto el análisis de impacto ambiental y que se evalúen nuevas alternativas para instalar el complejo ambiental que Corme- cor proyecta en inmediaciones de Villa Parque Santa Ana.
El informe técnico fue enviado por Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como colaboración en el marco del pedido de intervención que realizó la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación a la casa de estudios, en la causa que mantiene paralizado el emprendimiento de Cormecor.
La Cámara solicitó a la UNC que analizara si los cuestionamientos al estudio de impacto ambiental que se realizan son pertinentes, si se tuvieron en cuenta esos cuestionamientos en el informe y si se tomaron medidas adecuadas a normativa vigente. Conclusiones El informe concluye que “la localización del proyecto no es adecuada, por la cercanía al municipio de Villa Parque Santa Ana, la dirección de los vientos predominantes, por los riesgos de afectación del agua subterránea que abastece a dicha localidad, los riesgos de impacto sobre el agua del canal Los Molinos que provee a la ciudad de Córdoba y por el ordenamiento ambiental vigente”.
Luego agrega: “El diseño del proyecto no presenta suficientes previsiones para minimizar la generación de residuos, y además contempla un escaso porcentaje de tratamiento de residuos”.
En tercer lugar, afirma: “El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental presenta numerosas deficiencias, dadas principalmente por la falta de participación de los mayores afectados en la definición de la localización –los vecinos de Santa Ana–, por las inexactitudes de la información presentada en el estudio de impacto ambiental y por la ausencia de evaluación de distintas alternativas de localización”.
“Estas deficiencias ponen de manifiesto que no se han cumplimentado debidamente las instancias del procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecidas en la Ley General del Ambiente”, señala Fizzotti.
Luego de las conclusiones, recomienda al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía “dejar sin efecto la autorización del estudio de impacto ambiental del proyecto”, “evaluar nuevas alternativas para la localización de complejos ambientales para el tratamiento y disposición final” y “realizar una evaluación ambiental estratégica de la política de gestión de residuos, con la participación de todos los actores involucrados”.
Lucila Taboada, jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría, aclaró que se trata de un documento no vinculante, al tiempo que remarcó que las acciones de la repartición están suspendidas porque la radicación del complejo de Cormecor está judicializada. Admitió que si el tema no estuviese en la Justicia, se habría procedido al envío del dictamen a cada organismo interviniente. La causa está en manos de la Cámara Contencioso Administrativa. Hasta que no haya resolución judicial, Cormecor no puede adjudicar la licitación para la construcción del complejo ambiental ni comenzar ninguna obra. La Cámara solicitó la intervención de la UNC para la revisión de los estudios de impacto ambiental en los que se basa la autorización de la Secretaría de Ambiente a Cormecor. Los amparistas recusaron a miembros de la Cámara.