El desafío de crear nuevas oportunidades

Desde el Gobierno de Córdoba trabajamos para que las niñas, los niños y los adolescentes infractores de la ley penal cumplan medidas socioeducativos condu- centes a su integración social.

Desde la protección integral de sus derechos, el acento no está puesto en el castigo, sino en asistirlos y ayudarles a descubrir otros caminos y potencialidades.

En articulación con entidades públicas y privadas, en los centros socioeducativos para adolescentes en contexto de encierro, Complejo Esperanza y Cesam, fortalecemos herramientas que posibiliten su desarrollo integral. Esto es, educación formal, capacitación en oficios, deportes y actividades culturales.

A la práctica de deportes sumamos el ajedrez y la natación; el programa Cultura en Crecimiento permite la expresión y el desarrollo de habilidades sociales a través de disciplinas artísticas; el programa Tomando Decisiones para prevención de adicciones; la construcción participativa de un proyecto institucional acorde con la misión de los centros socioeducativos; la incorporación de personal con perfil adecuado, y, por supuesto, la educación y la capacitación laboral son apoyos para la reinserción.

De hace un tiempo se pone en discusión la edad de imputabilidad de los adolescentes. Con espectacularidad, los medios hacen de un caso una caja de resonancia que pone el foco de la seguridad ciudadana sobre niñas, niños y adolescentes, que claramente pertenecen a sectores en situación de vulnerabilidad. Y comienza a correr en la opinión pública el pedido de mayor punibilidad para los jóvenes.

Creemos que ellos no son la causa de la inseguridad ni un peligro. Que la exclusión social es la madre de la inseguridad.

Nuestra obligación, junto con la sociedad civil, es abrir puertas. Y cuando un niño entra en conflicto con la ley penal, es el Estado el que tiene una segunda oportunidad ante ellos: mostrarles que hay otras posibilidades. Esto es justicia social.