La nueva cárcel federal pasaría de Oliva a Bouwer
La Nación anunció el proyecto hace un año, en terrenos que cedería la Provincia. Pero una controversia local paró todo. Juan Schiaretti apura para redefinir la ubicación si Oliva no confirma su aval.
Acasi un año del anuncio compartido entre la Nación y la Provincia respecto de que en la ciudad de Oliva se construiría la primera cárcel para la Justicia Federal en Córdoba, el trámite luce paralizado. La controversia que esto generó en esa localidad impidió que el municipio diera su aval, aunque tampoco ha oficializado hasta ahora el rechazo.
El gobernador Juan Schiaretti ya había advertido que si esa comunidad no estaba de acuerdo, la Provincia retiraría su oferta de ceder los terrenos con esa finalidad, algo que ya había preacordado con el Gobierno nacional. Ahora, Schiaretti salió a apurar los tiempos: “El intendente dijo que no se hará una consulta popular para saber si se acepta o no. Entonces estamos buscando otro lugar”, señaló a La Voz, y hasta adelantó un eventual sitio alternativo: “Si no hay definición en Oliva, se está viendo tal vez en Bouwer, donde ya hay un complejo carcelario provincial. Y hay otros terrenos dando vueltas”, agregó.
En contrapartida, el intendente Oscar Tamis respondió: “Nunca descartamos la consulta popular, es una herramienta más de resolución para definir el tema”.
La idea de someter la decisión al voto de los vecinos de Oliva surgió de un grupo que se viene movilizando desde el año pasado en contra de la instalación.
La Legislatura aún no aprobó la cesión de los terrenos propuestos, que forman parte de un amplio campo, propiedad de la Provincia, donde funciona el hospital de salud mental Emilio Vidal Aval.
Schiaretti justificó que “hay que definirlo rápido, porque no es que la Nación va a esperar hasta que los cordobeses definan dónde hacer esa cárcel”. Advirtió que “si no se hace en Córdoba, se hará en otra provincia” y recordó que con el Ministerio de Justicia de la Nación ya se habían evaluado otros sitios probables, como Villa Dolores o Bouwer.
Según dijo el gobernador, finalmente se atendió el pedido de Tamis, que pretendía llevar esa cárcel a Oliva. “Pero empezó a levantar polvareda, entonces le dije que acepte una consulta popular. Si la gente no está de acuerdo, ¿para qué vamos a encarar ahí? Sería peor el remedio que la enfermedad”, sostuvo. Luego, planteó que “alguien le tiene que explicar a la población por qué le conviene” esa instalación, a la vez que admitió que “son cosas que cambian el paisaje de una ciudad”.
En Córdoba, no hay centros penitenciarios para presos de la Justicia Federal. Por eso, siempre se usaron las cárceles provinciales para alojarlos. El proyecto nacional plantea una prisión con capacidad de hasta mil presos. El personal estable y directo necesario sería superior a esa cifra. Visión local Tamis argumentó que tiene “la obligación de medir los tiempos para saber cuál es el momento para hacer la consulta”, aunque estimó que “antes de fin de año, probablemente se tome la decisión”. Luego, justificó la demora en una supuesta “politización” del tema en la ciudad. El intendente planteó que “es un grupo, no todos los que promueven la consulta, el que está pensando en lo electoral”.
Convencido de que esa inversión sería una “posibilidad única” de crecimiento y de creación de empleo estable para su ciudad, Tamis opinó: “El eje de la discusión es más profundo que el sí o el no a la radicación de la cárcel, es la reconversión, el formato futuro de ciudad que se quiere; algunos pregonan que tiene que seguir habiendo 10 mil habitantes y que no traigan a nadie de afuera, y otros proponemos crecer y que vengan otras oportunidades”.
Sobre el rumor instalado de que era propietario de un campo colindante al elegido para la cárcel, algo ofuscado respondió que hace un año presentó un escrito ante la Oficina Anticorrupción de la Nación para manifestar que esas tierras le pertenecían por herencia familiar. “Lo hice de buena fe, nunca me contestaron”, replicó. Más de 1.200 millones La Nación anunció en 2016 que construiría ese centro penitenciario en tres años, con una inversión de 1.200 millones de pesos, una cifra que hoy debería actualizarse. En el Presupuesto 2017, ya figura una primera partida disponible de 260 millones de pesos para iniciar las obras este año.
La Provincia se comprometió a ceder 100 hectáreas de un campo mucho mayor donde en un sector tiene su hospital de salud mental (existente desde 1914), a ocho kilómetros de la zona urbana.
Pese a reiteradas consultas, el Ministerio de Justicia de la Nación no respondió a este diario sobre alternativas y plazos en caso de que Oliva quedara descartada como sitio para ese proyecto.