Cargas de dinamitas...
Marcelo Taborda
LIMA. Los 17 países de América y el Caribe reunidos ayer en Perú para tratar la situación de Venezuela reafirmaron su opinión común de que esa nación “ya no es una democracia” y que “los actos que emanen” de su Asamblea Constituyente “son ilegítimos”.
Esas fueron dos de las conclusiones expresadas en la denominada declaración de Lima, difundida por los cancilleres apenas finalizada la reunión que mantuvieron a lo largo de todo el día y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
La declaración fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien no dudó en afirmar ante los medios que “lo ocurrido en Venezuela” en los últimos días “es un quiebre decisivo” en la situación política. “Lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura”, manifestó.
“La declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden pasa por revertir la Asamblea Constituyente”, afirmó Luna.
La Declaración de Lima expresa además “su apoyo y solidaridad con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela” que fueron destituidos por la Constituyente y exige la “aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Junto a esto, los cancilleres solicitaron suspender cualquier transferencia de armas a Venezuela mientras continúe esta situación en el país. Volatilidad y más tensión Pero casi al mismo tiempo que el cuerpo elegido el 30 de julio con boicot opositor adoptaba esos pasos, el Tribunal Supremo de Justicia sentenciaba a 15 meses de prisión e inhabilitación al alcalde Ramón Muchacho. A cargo del municipio de Chacao, uno de los centros de las protestas que a lo largo de cuatro meses convocó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Muchacho fue acusado de desacato por no impedir los llamados “trancazos” o “guarimbas” que bloquearon el tránsito en calles y avenidas.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cada vez más cuestionado por su dependencia del Ejecutivo y por denuncias de manipulación de votos en la elección de constituyentes, sumó otro condimento al caos institucional. Fue cuando indicó que la alianza opositora no podría presentarse en siete de los 23 estados del país que elegirán el próximo 10 de