Schiaretti: Al Gobierno nacional le preocupa el caso Odebrecht
En los últimos días de campaña para las Paso, el gobernador Juan Schiaretti volvió a embestir contra el macrismo con un tema sensible: la empresa brasileña Odebrecht.
En declaraciones a radio Universidad y Canal 10, el gobernador apuntó al Gobierno nacional por Odebrecht, aun cuando la cuestionada firma brasileña es una de las principales adjudicatarias de los gasoductos cordobeses.
Ante la pregunta sobre por qué la empresa pagó sobornos en todos los países en los cuales trabajó y no en Córdoba, Schiaretti respondió: “Porque no la dejamos. Es muy simple. Nosotros no coimeamos a nadie. Ahora los que están preocupados por Odebrecht son los del Gobierno nacional (...) ahí aparecen (Gustavo) Arribas, el jefe de Inteligencia y primo del Presidente. Ellos están preocupados”, manifestó el gobernador, apuntando al empresario Angelo Calcaterra, exdueño de la firma Iecsa, socio de Odebrecht en el proyecto del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Ayer por la tarde, Schiaretti estuvo en Río Cuarto, donde aclaró algunos términos que había dicho por la mañana, ya sin apuntarle a la Casa Rosada.
“Sobre el tema Odebrecht, las palabras del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano, me eximen de cualquier comentario. Ellos fueron muy claros, conocen los datos y dijeron que en Córdoba no hubo ninguna irregularidad”, manifestó el mandatario provincial.
Durante la campaña, Cambiemos no utilizó el tema Odebrecht, que está construyendo una porción de los gasoductos troncales.
En la última visita del presidente Mauricio Macri, en la misma conferencia de prensa que polemizó con Schiaretti, ante una consulta sobre la empresa brasileña que está trabajando en Córdoba, el jefe del Estado respondió: “No hay ninguna investigación judicial sobre la obra de los gasoductos en Córdoba, por lo tanto, no hay motivos para que no siga trabajando acá”, dijo Macri.
El Gobierno nacional sancionó a Odebrecht para que no pudiera participar en licitaciones públicas nacionales durante 12 meses. Los funcionarios macristas pretenden que los directivos brasileños colaboren con la Justicia argentina por los pagos irregulares.