La Provincia les comprará más a proveedores sociales
Será para reemplazar hasta el 5 por ciento de sus adquisiciones de alimentos y servicios de mantenimiento por “proveedores sociales”.
Podrán facturar hasta 162 mil pesos al año y no podrán ser contratados por más de 10 meses.
La Provincia reemplazará hasta el 5 por ciento de su presupuesto en compras y contrataciones para financiar un programa social pensado para generar ingresos a personas o a pequeños grupos en situación de vulnerabilidad.
El decreto que pone en marcha este nuevo programa, firmado por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, autoriza elevar hasta el índice 18 (equivalente a 162 mil pesos) las contrataciones directas de todos los organismos del Estado para facilitar el reemplazo de proveedores comunes de “alimentos, mantenimiento, textiles y otros” (así dice el texto legal) por quienes reúnan los requisitos para ser considerados, a partir de este plan, proveedores sociales.
Aunque todavía no se publicó la reglamentación del programa, a cargo de Giordano, la secretaria de Administración Financiera de la Provincia, Mónica Zornberg, adelantó a La Voz que los aspirantes a ser proveedores de bienes o servicios deberán estar inscriptos como monotributistas sociales (con un tope de facturación anual de 72 mil pesos) o, en su defecto, monotributistas categoría C (que tienen hasta 168 mil pesos como límite anual).
A su vez, no podrán ser poseedores de más de un bien registrable ni registrar un trabajo en relación de dependencia.
“Está encuadrado dentro del Desarrollo Social, pero es un programa de contrataciones. Va a otorgar trabajo o a comprar bienes y está dirigido a grupos que están en situación de vulnerabilidad social. Pero no es un subsidio”, remarcó Zornberg.
La reglamentación fijará en detalle los mecanismos de inscripción y pondrá en marcha los plazos, que según anticipó Zornberg serán muy cortos, porque se quiere que empiece a funcionar cuanto antes.
La inscripción tendrá dos posibilidades: una completamente digital y otra con formularios físicos. En los dos casos, será muy sencilla, según la funcionaria: se requerirá que el aspirante a proveedor dé cuenta de su identidad. Cotejar el resto de los datos es muy sencillo para el Gobierno, cruzando distintas fuentes de información tributaria y social.
Hay un límite, fijado por el decreto, para el elegido proveedor: no se lo podrá contratar más de 10 veces seguidas. Esto es para evitar que se considere que hay una relación laboral encubierta y se puedan plantear demandas contra el Estado. Pero habrá posibilidades de flexibilizar esta restricción.
“Si se contrata un servicio para desmalezar, cumplidos los 10 meses, esta persona ya no puede ser contratada para seguir haciendo la misma tarea. Pero si, por ejemplo, cambia su oferta y fabrica guardapolvos, no vemos impedimento para que vuelva a ser contratado, con un objeto distinto”, ejemplificó la funcionaria provincial.
En el decreto de Schiaretti, se da un ejemplo de cuáles serían los servicios o bienes que compraría o contrataría el Estado para apoyar estas “economías populares”, como las denomina: “bienes o servicios tales como alimentos, textiles o servicios de mantenimiento, entre otros”.
Además de otorgar facilidades administrativas para la contratación por medio de la ampliación del margen para hacer la concesión directa, el contrato quedará eximido del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en consideración de la situación de vulnerabilidad social. Eso sí, aclara el decreto, “siempre que el sujeto mantenga su categorización como tal”. Esto podría generar una situación paradojal, en virtud de que los topes del monotributo están atrasados y dejar afuera a personas que, con ingresos pequeños, dejarían de ser consideradas blanco de este programa.
La meta del 5 por ciento del volumen de contrataciones tiene un alcance limitado, por el momento, a los rubros de alimentos, textiles y mantenimiento, pero se trabaja para ampliarlo en otros tópicos.
Para Zornberg, este programa requerirá de “un proceso de sensibilización interna del Estado, para que las distintas reparticiones dejen un grupo de necesidades para ser cubiertas por proveedores sociales”. Igualmente, la funcionaria espera esta misma sensibilización entre los aspirantes a proveedores sociales, que tendrán que organizarse y garantizar las calidades mínimas exigidas tanto para un servicio como para un bien, para que el reemplazo de un proveedor común no represente un perjuicio para el Estado y para los ciudadanos.