Otro proyecto serrano en la mira de la Justicia
Denuncian desmonte y consumo excesivo de agua en “resort”. La empresa asegura que el proyecto es sustentable.
en las Sierras tienen que respetar el ambiente para ser sustentables. El turista quiere el paisaje serrano”, comentó Jorge Chemes, presidente de AMD, firma dueña del proyecto.
A principios de agosto, el fiscal Martín Bertone ordenó un peritaje técnico. “Convocamos a especialistas de las universidades, un geólogo especialista en hidrología y una ingeniera agrónoma, que actuaron como peritos oficiales. Se realizaron inspecciones oculares y se tomaron fotografías y diferentes mediciones”, detalló Bertone. Agregó que espera tener los resultados dentro de dos meses. Del peritaje también participaron expertos de la querella y de la defensa.
Los potenciales delitos que se investigan son sustracción de agua en exceso, daño ambiental por desmonte, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que autorizaron el proyecto.
En mayo pasado, una jueza frenó el proyecto inmobiliario El Gran Dorado, ubicado en San Antonio de Arredondo, por razones ambientales. Una situación similar ocurre con el proyecto Candonga Villa Serrana, también frenado judicialmente tras una denuncia de vecinos.
Este nuevo caso, aún en etapa de investigación, demuestra que la Justicia comienza a escuchar los reclamos ambientales de la ciudadanía.
Carlos González Quintana, abogado de la ONG, explicó que los funcionarios municipales autorizaron el emprendimiento en una zona que había sido declarada como reserva. “Tampoco presentaron un estudio de impacto ambiental ni hubo audiencia pública, como prevé la ley”, aseguró.
Chemes aseguró que tienen todas las autorizaciones correspondientes y que presentaron el estudio de impacto ambiental para la construcción del hotel, ya que el resto del establecimiento, incluido el campo de golf, estaba cuando adquirieron el predio.
“La intervención de la Justi- cia es positiva. Es razonable que haya gente preocupada por el tema ambiental. El fiscal actuó de forma responsable al solicitar el apoyo técnico de peritos”, indicó Chemes.
González Quintana también denunció que el proyecto estaría situado en zona protegida por la ley de bosques nativos de la provincia. “No hace falta ser técnico para darse cuenta de que el predio está desmontado. Hay 500 plantas recién sembradas”, comentó.
Chemes indicó que el predio estaba en parte ya desmontado y poblado de especies invasoras. Por ese motivo, presentaron un plan de reforestación con especies nativas, el cual están ejecutando.
Los peritos también pudieron observar los dos pozos de agua con los que se riega el campo de golf. “Según sus caudalímetros, consumen 15 mil litros hora cada pozo”, indicó González Quintana.
El empresario indicó que los pozos fueron autorizados y tienen un proyecto para reducir el consumo. “Achicamos el ancho de los fairways y usamos pasturas que requieren menos agua”, detalló.