La chispa mapuche y el riesgo de incendio
Hay dos formas de reaccionar ante la cuestión mapuche. Una es la que parece predominar, y consiste en subestimar el riesgo que implica, afirmando que Jones Huala y su Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) no tienen representatividad como para significar una verdadera amenaza.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, parece estar en este segmento. Al menos eso sugiere la aparente falta de prioridad que le da a resolver con urgencia la desaparición del activista Santiago Maldonado, tras una violenta refriega con Gendarmería. El esclarecimiento de ese caso tiene una urgencia humana, jurídica y política que la funcionaria parece no calibrar.
La otra forma de reaccionar es calcular de modo adecuado el potencial que tiene esta sublevación para convertirse en un grave conflicto. Esa potencialidad se basa en factores de la zona y en elementos políticos de Argentina y de la región.
La comunidad mapuche sufre marginación en los dos lados de la Cordillera, y del lado argentino se agrega un latifundismo que convierte a buena parte de la Patagonia en territorios donde la ley del Estado tiene la competencia de poderes feudales.
A eso se suman particularidades argentinas: la existencia de movimientos radicalizados que llevan tiempo exhibiendo sed de violencia; organizaciones sociales que, como la Tupac Amaru, están estructuradas en formatos milicianos, tienen vocación de control territorial y capacidad de organizarse como Estado paralelo, además de sentirse lo suficientemente jaqueadas por la nueva realidad política y judicial como para intentar contraofensivas.
La tercera dimensión de la potencialidad explosiva que tiene la cuestión mapuche es el régimen de Nicolás Maduro. Su capacidad de financiar complicidades para comprar indulgencia en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur ha comenzado a mermar, no porque le falten recursos, sino porque la represión criminal y el avasallamiento institucional fueron las gotas que colmaron el vaso.
La economía de Venezuela está en bancarrota, pero la nomenclatura es rica. Cuenta con arcas clandestinas repletas de dólares obtenidos de sus vínculos con el narcotráfico, el contrabando de combustible, la especulación financiera que le permite el manejo de la moneda y otras formas más tradicionales de corrupción.
Con esos fondos, el régimen pudo hacer lo que hizo Estados Unidos desde el amanecer del siglo 20: comprar complicidades de gobiernos, grupos de presión, grandes medios, dirigentes políticos y otros sectores de las clases dirigentes. Por eso la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) podía bombardear Guatemala para derribar a Jacobo Arbenz o generar el golpe contra Salvador Allende en Chile sin sufrir condenas en la OEA.
Lo mismo hace el régimen chavista, tanto en blanco como en negro. En blanco, asistiendo a gobiernos con petróleo regalado y financiando campañas electorales y organizaciones sociales. Y en negro, regando en secreto los bolsillos de legisladores, dirigentes sociales, comunicadores y otros miembros de las clases dirigentes.
Zonas sensibles
Por el aislamiento regional que cada vez puede romper menos, Maduro necesita contraatacar a los gobiernos que encabezan la ofensiva contra su deriva autoritaria. Y tanto la chilena Michelle Bachelet como Mauricio Macri están en esa lista.
Desde las arcas clandestinas del régimen venezolano podría salir la financiación que convierta una chispa en incendio. De paso, les daría una mano a sus aliados locales, quienes se encuentran acosados por la Justicia con los casos de megacorrupción en los que son protagonistas.
A todo esto, hay que sumar la existencia de recursos ideológicos. Por caso, la concepción del pensador peruano José Carlos Mariátegui sobre la fuerza revolucionaria de los pueblos originarios, que inspiró (aunque de manera deformada) a Abimael Guzmán y Osman Morote para crear Sendero Luminoso. También insurgencias indígenas que no fueron sanguinarias, como el zapatismo en el Estado mejicano de Chiapas, y otros casos un poco más violentos, como la guerrilla Túpac Katari en Bolivia.
Los ejemplos son muchos para demostrar el potencial conflictivo que plantea RAM. Por ahora, en la Patagonia sólo hay chispas de violencia producidas por un grupo radicalizado que probablemente pretenda financiamiento para establecer con las armas un “territorio liberado”.
El anacrónico latifundismo patagónico gotea combustible. En la política argentina, hay muchos que buscan fósforos. Y en Venezuela hay un régimen deseoso de convertir una fogata en el incendio donde ardan Macri y Bachelet.