Para la fiscal, en el 107 “hubo negligencia”
Dolores Romero Díaz indicó que la tragedia ocurrida en 2006 se debió a defectos en la instalación de la ambulancia. Agregó que los municipales no controlaron. Pidió seis condenas, dos de ellas de prisión efectiva. El fallo se conocerá el 31 de este mes.
Seis de los siete acusados por la explosión de la ambulancia del servicio de emergencias 107 recibieron pedidos de condena por parte de la fiscal de la Cámara 1ª del Crimen María Dolores Romero Díaz.
Este juicio esperó casi 11 años desde la explosión aquel 26 de septiembre de 2006 que le costó la vida a la enfermera Ada Camozzi, al médico Gustavo Botta y a los policías Rodrigo Maximiliano López y María del Valle José Padilla.
Además, resultaron gravemente heridos pero sobrevivieron el chofer de la ambulancia, Rubén Alberto Peralta, y el policía Luis Fernando Monserrat, quienes también viajaban en el vehiculo pero en la parte delantera.
De acuerdo a los peritajes, el estallido se produjo por una sobresaturación de oxígeno en el habitáculo (donde iban las víctimas fatales) y la presencia de un aporte de energía eléctrica o de otro origen, como una chispa.
Ese exceso de gas inflamable se habría debido a que la instalación era deficiente.
Ayer se escucharon los alegatos de todas las partes, tras lo cual se abrió un cuarto intermedio hasta el 31 de este mes, cuando la jueza Susana Beatriz Cordi Moreno dictará la sentencia.
A su turno, la fiscal pidió la absolución del ingeniero asesor Héctor Alberto Seveso y condenas a los seis restantes por homicidio culposo agravado. Al gerente de la empresa carrocera, Ricardo Alberto Vallé, y al médico extitular de Emergencias de la Municipalidad Claudio Marcelo Gómez les pidió cuatro años de prisión efectiva. A Víctor Enrique Scienza (exencargado de Calidad de la firma Vallé), Pablo Federico Olmos y Carlos Navarro (jefe y subjefe de Logística municipal), la fiscal solicitó tres años de prisión condicional; mientras que para Pablo Perotti (ingeniero de la carrocera), pidió dos años y medio de prisión en suspenso.
La acusadora se refirió a las conductas negligentes de empresarios, técnicos y funcionarios.
Y detalló los defectos en la instalación y las responsabilidades de los municipales que ordenaron la salida de unidades que no estaban en condiciones y representaban un peligro. Con distintos grados de responsabilidad, incluyó en las acusaciones, por igual, a los funcionarios y a los miembros de la plantilla de la empresa carrocera.
Larga jornada de alegatos
A su turno, el querellante por la familia del oficial de policía Maximiliano López, Alejandro Zeverín, solicitó la absolución de los acusados por la empresa y pidió la condena de los funcionarios municipales. Señaló que “se había roto la cadena de causalidad”, por lo que, si bien la instalación era deficiente, la responsabilidad penal debe recaer en los funcionarios que dispusieron la salida de las unidades a la calle.
En cambio, la querella municipal adhirió a todos los términos de la solicitud de la fiscal.
Como era de esperar, por la tarde (la audiencia de alegatos comenzó a las 8) cuando tocó el turno de los defensores, los abogados se inclinaron por la absolución del empresario Vallé, de sus dependientes y de los funcionarios de la Municipalidad de Córdoba.
Las cartas están echadas y el próximo jueves 31 de este mes se escuchará la esperada, y demorada, respuesta de la Justicia provincial a la explosión de la ambulancia del 107.