La demanda de la provincia de Buenos Aires y el federalismo
La Provincia de Buenos Aires inició a mediados de 2016 un proceso contra el Estado federal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de obtener los recursos económicos que considera que le corresponden por la asignación establecida en el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense.
La Corte dio inicio formal a la demanda en octubre último e invitó a las provincias a participar en el proceso.
Pese a esta cronología, la cuestión adquirió notoriedad en medio del proceso electoral, aunque era conocida en orden a lo resuelto por la Corte Suprema. La situación brinda a las partes la posibilidad de exhibir posicionamientos públicos y una audiencia importante.
En este punto, pueden señalarse algunas cuestiones de interés:
La Corte adoptó algunas resoluciones traducidas en acordadas, que se inscriben en la doctrina del “activismo judicial”, como las acciones de clase, audiencias públicas y amicus curiae, entre otras instituciones, y algunas de ellas propician claramente la idea de participación republicana en el marco estricto del proceso, a poco de que se repasen los contenidos de los textos.
Sin embargo, no es tan conocida la acordada de la Corte que lleva el número 36, de 2009, en la que se estatuye la unidad de análisis económico. En la resolución, el máximo tribunal entiende que hay sentencias que tienen gravitación en el desenvolvimiento de las actividades económicas del país y efectos en la macroeconomía, por lo que cree necesaria la creación de un organismo técnico que le brinde información objetiva sobre los puntos que le requiera, a fin de ponderar el impacto económico de las resoluciones y en orden a mantener incólume los principios de congruencias de las sentencias.
En este contexto, además de escuchar a las provincias, es de pensar que la Corte Suprema consultará a la unidad para que emita una opinión fundada.
La Provincia de Buenos Aires propicia el juicio cuestionando la constitucionalidad de previsiones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en orden al efecto negativo en la percepción de los montos que la provincia considera que debe recibir y que corresponden al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.
Y tal vez sea este aspecto, antes que el discurso fervoroso de tiempos electorales, el que avale pensar la cuestión desde una perspectiva federal.
Sin perjuicio de que el Congreso Nacional está en mora con la regulación de instituciones nacidas con la reforma constitucional de 1994, los argentinos nos debemos un federalismo efectivo desde el siglo XIX.
La consolidación de los principios que sustentan un sistema representativo, republicano y federal pasa también por la equitativa y transparente distribución de los fondos públicos, de modo que consagren los objetivos contenidos en el Preámbulo de la Constitución y que deben resolverse en normas generales.
Es preciso recordar que el Congreso de la Nación tiene la representación territorial de todo el Estado y también la de todo el arco político del pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La demanda cuestiona el modo de distribución equitativa de los fondos del Estado, algo que no es nuevo si se repasa la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Pero viene a mostrar, otra vez, que no ha sido posible consensuar a la fecha un sistema de coparticipación entre el Estado y las provincias, lo que mella profundamente el sistema federal y consolida un esquema político que se asienta en la distribución discrecional de los dineros públicos por las autoridades nacionales, lo que crea un mecanismo de dependencia inaceptable.
No obstante, muchos de los que se quejan replican en sus jurisdicciones el mismo modo de actuar.
En este contexto, ante la inexistencia de un acuerdo debatido y consensuado –del que debe responsabilizarse la dirigencia política–, se recurre a un tribunal que sin duda resolverá el “caso” sometido a decisión.
No obstante, y más allá de lo que decida la Corte, es necesario recalcar que el lugar de la discusión enriquecedora es el Congreso de la Nación y en ese ámbito institucional deben generarse las normas necesarias para lograr una distribución transparente y equitativa de los fondos. El federalismo lo reclama.
los argentinos nos debemos un federalismo efectivo desde el siglo XiX.