Venezuela: la Constituyente debilita al Congreso y consolida el poder de facto
La Asamblea legislará sobre orden interno, seguridad nacional, derechos humanos, sistema socioeconómico y finanzas. La oposición ya había anticipado que no va a convalidar ninguna de esas medidas de facto.
CARACAS. La Asamblea Constituyente, de inspiración chavista, dio un paso más hacia la concentración del poder al despojar al Congreso, de mayoría opositora, de las facultades para legislar en materias de orden interno, seguridad nacional, derechos humanos, sistema socioeconómico y finanzas.
La decisión, plasmada en un decreto, fue comunicada por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, durante una sesión regular del cuerpo deliberativo.
Para la ocasión habían sido invitados los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de quienes se esperaba que, como ya han hecho los representantes de otros poderes públicos controlados por el oficialismo –empezando por el mismísimo presidente, Nicolás Maduro–, acudieran a expresar su subordinación ante el poder “plenipotenciario, supraconstitucional y originario” de la Constituyente.
Sin embargo, y como se preveía, los parlamentarios de oposición anunciaron apenas minutos antes que no asistirían a la sesión. “No compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999”, dijeron en una carta abierta “al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a Nicolás Maduro Moros”, distribuida a media mañana.
Ante la ausencia de los dipu- tados de la Asamblea Nacional, Rodríguez ordenó promulgar un decreto que regularía la convivencia con el poder legislativo constituido pero, “eso sí”, advirtió la exministra de Relaciones Exteriores de Maduro, “no es para hacerle carantoñas (gesto cariñoso) a la derecha”.
En efecto, el documento –con el irónico título de decreto para “la convivencia” con los poderes constituidos– reserva para la Constituyente la capacidad de hacer leyes en materias clave que conforman el núcleo de la vida parlamentaria.
Aunque no disuelve la Asamblea Nacional, la esteriliza en los hechos y la deja disminuida a un foro de debates, en el mejor de los casos.
La moción fue aprobada por unanimidad, como ha ocurrido hasta ahora en la Constituyente en sus casi dos semanas en funciones.
En diversos aspectos el decreto equivale al veredicto que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del chavismo, emitió a fines de marzo pasado, en el que se confiscaban potestades del parlamento para traspasarlas, en lugar de a una Constituyente que todavía no aparecía en los planes, al presidente Maduro.
Protestas de cuatro meses
La decisión, que en su momento la oposición denunció como el camuflaje de un golpe de Estado, dio inicio a una oleada de protestas callejeras que duró cuatro meses y dejó más de 120 muertes y 5.000 arrestos.
Hasta el momento, la Consti- tuyente no ha discutido ni una línea de algún artículo de la nueva Constitución que pretende redactar. En cambio, viene actuando como una Junta de Gobierno que parece tener como propósito central ajustar cuentas con la disidencia y aplacar sin miramientos el conflicto institucional desatado desde octubre de 2016, cuando el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional.
El nudo empezó a hacerse en diciembre de 2015. Entonces, la oposición conquistó en las urnas la mayoría absoluta del parlamento, lo que confirió amplias facultades, incluyendo la destitución por voto de censura del vicepresidente, ministros y otras altas autoridades.
De inmediato, el Gobierno impugnó los resultados electorales en un circuito, el del Estado Amazonas, lo que restó escaños a la oposición.
La causa fue aceptada por el Tribunal Supremo, de signo chavista, que desde entonces ha retardado cualquier decisión al receso.
Impaciente, la bancada opositora forzó la incorporación de sus diputados electos, lo que brindó al Supremo la coartada para declarar al parlamento en desacato y frenar todas sus actuaciones. El fiscal General interino de Venezuela, Tarek William Saab, acusó ayer a su antecesora, Luisa Ortega, de ser responsable de 123 muertes ocurridas durante las protestas. Anoche trascendió que Ortega huyó del país en lancha junto con su marido, el diputado disidente Germán Ferrer.
La fiscal, en la mira Huyó del país en lancha Luisa Ortega habría logrado huir con su esposo, Germán Ferrer.