Injustificado daño institucional
La suspensión del juez Eduardo Freiler por parte del Consejo de la Magistratura debiera ser una buena noticia. El camarista está acusado de presunto enriquecimiento ilícito y emitió numerosos fallos en defensa del kirchnerismo –en causas vinculadas con casos de corrupción– que fueron criticados por endebles. No hace mucho, el oficialismo intentó que el Consejo lo apartara del cargo. Por un voto, Freiler se salvó de que le iniciaran el correspondiente juicio político para su destitución.
La falta temporal de un consejero fue el artilugio usado en esta oportunidad por los consejeros que apoyan al Gobierno para conseguir su objetivo. No fue una ausencia prolongada: el miembro ausente debía jurar su cargo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, supuestamente a las 9 del mismo día en que el Consejo se reunía en sesión plenaria. Recién juró después del mediodía.
Así, se abrió una mínima ventana de un par de horas que el oficialismo aprovechó para lograr la votación del dictamen de suspensión y enjuiciamiento de Freiler. A los opositores les faltaba ese voto clave para frenarlo una vez más, lo que explica la desaforada reacción al tomar conciencia de que, mediante un uso del reglamento llevado al límite, ya no tendrían forma de proteger a quien antes le fue funcional.
Todo indica que el plan se ideó en las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Y la demora en la toma del juramento involucró al máximo órgano del Poder Judicial. Esto permitió al kirchnerismo denunciar que la Corte había dado el visto bueno a la maniobra.
El oficialismo consiguió, así, una victoria pírrica. En vez de darle a la sociedad la buena noticia de que un juez sospechado de enriquecimiento ilícito había sido apartado de su cargo, lo que transmitió es que para alcanzar tan noble objetivo provocó un daño considerable a las máximas instituciones de la República.
Pero también hay que decirlo: el sector que ahora denuncia maniobras del oficialismo resistía sin argumentos sólidos el enjuiciamiento del magistrado pese a la acumulación de pruebas contundentes que hablan de un injustificado enriquecimiento del juez, al que justamente se le atribuye haber protegido a funcionarios del anterior gobierno.
Hace mucho que la sociedad argentina reclama transparencia y probidad en la gestión y respeto a las instituciones. Por eso, el apartamiento de todo juez sospechado de mal desempeño figura entre las principales demandas sociales.
Es tan indebido trabar la búsqueda de justicia como satisfacer ese reclamo social de cualquiera manera. Es hora de que el kirchnerismo hoy opositor acepte la institucionalidad. Y que la administración Macri y la coalición que lo apoya definan con claridad líneas de acción en este campo que los mantenga al margen de toda actitud antirrepublicana.