Terrorismo y víctimas

La presidenta de Celtyv, una ONG dedicada a visibilizar a las víctimas del terrorismo, plantea la discriminación que sufren por parte del Estado.

Desde 2006, Victoria Villarruel participa en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Afirma que las víctimas de las organizaciones como Montoneros y el ERP siguen sin conseguir reconocimiento de sus derechos humanos.

En 2006, Victoria Villarruel participó de la creación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). No era fácil. No lo es. Como ella misma lo cuenta, “hasta ese momento las víctimas del terrorismo, principalmente las víctimas de las organizaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), seguían sin sus derechos humanos. O sea no los tenían reconocidos por el Estado”.

“Entonces, creamos la asociación como una manera de luchar para el reconocimiento. En definitiva son las únicas víctimas en todo el país que no tienen reconocimiento”, afirma Victoria. –¿Y cómo siguen desde 2006?

–Siguen sin sus derechos humanos. El Estado no les reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero, luego de tantos años de lucha, la sociedad está mucho más abierta a hablar de estos temas. Tiene mucho más interés y se presenta como menos traumático para conversar. Es más común hoy hablar de lo ocurrido en la década de 1970 y de los crímenes aún impunes. –Se da con el cambio de gobierno a nivel nacional.

–Sí, principalmente. Pero era un proceso que se venía acentuando porque el gobierno anterior presionó tanto sobre la idea de considerar “jóvenes idealistas” a quienes habían cometido atentados terroristas, que creó una reacción contraria en la sociedad. Eso decantó desde diciembre de 2015. –¿Cuál es el tipo de víctima de la hablan ustedes?

–De civiles y no de combatientes. Ahí se incluyen a los uniformados que estaban en situación de descanso, en la intimidad de sus hogares o desarmados. Es decir, en el libro Los otros muertos tenemos una lista de víctimas. Por caso, en el ataque el cuartel de Formosa, se los considera víctimas del terrorismo porque fue en un día domingo, netamente de descanso. En todos los casos, hay víctimas del terrorismo de todos los orígenes sociales, desde muy pudientes, como el empresario Francisco Soldati, hasta los soldados de Formosa, que eran de un origen sumamente humilde. –¿Cuántas víctimas provocó la violencia guerrillera?

–Hablamos de 17.380 víctimas documentadas. Son 1.094 asesinados, 2.368 heridos, 756 secuestrados, 4.380 sufrieron ataques con bombas y también hay secuestrados en vuelo, personas que su-

frieron extorsiones o empresarios que se exiliaron por las amenazas que recibían, incluso contra sus familias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas son civiles, lo que tira abajo uno de los grandes mitos que hay sobre la década de 1970, según el cual los terroristas sólo luchaban contra una tiranía o una dictadura y que atacaban exclusivamente objetivos militares. La lista te muestra que la mayor parte de los atentados ocurrieron en democracia, contra gobiernos elegidos por el voto popular. Y en segundo término que la mayor parte de las víctimas eran civiles. –¿Qué pasa cuando ustedes van a la Justicia?

–En todo momento, cuando fueron a los distintos fueros, el Estado rebotó sus causas. En el caso de las indemnizaciones, directamente se las deniegan. El Estado promulgó varias leyes de reparación desde Menem en adelante, pero se elude abiertamente reconocer a las víctimas de Montoneros, ERP y otras organizaciones de izquierda. En el caso del fuero penal, en 2007, Esteban Righi, exministro del Interior de Cámpora y en ese momento procurador General de la Nación (designado por los Kirchner, fue reemplazado por Alejandra Gils Carbó), dictó una resolución para no declarar como de lesa humanidad los crímenes de las organizaciones armadas.

Hoy se considera de lesa humanidad hasta robos por cosas muebles, pero una bomba como la del comedor de la Policía Federal en Buenos Aires, donde murieron 24 personas, es considerado un delito común. –¿Qué acciones emprendieron?

–Nos reunimos con el secretario de Derechos Humanos y le planteamos la discriminación con estas víctimas y la inequidad que padecen. Hay víctimas de primera y de segunda. En la Argentina, el país supuestamente a la vanguardia en derechos humanos, se discrimina entre víctimas. Por desgracia, este gobierno aún no cambió la situación que existía con el kirchnerismo.

–¿Creen que no les conviene o hay temor para meterse con este tema?

–Es una cuestión de no desagradarle a un sector al cual se le han dado todos los derechos humanos. Es no querer caerles mal, o desagradar a quienes, entre otras cosas, han sido homenajeados como héroes, a pesar de haber puesto bombas o de haber asesinado a inocentes. En nuestro país es como si la historia hubiera comenzado el 24 de marzo de 1976 y como si antes hubiéramos vivido en un paraíso terrenal donde todo era felicidad. Y la realidad es que los tres años previos al golpe fueron la peor etapa. Por ejemplo,

el 26 de julio de 1975, en el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, Montoneros la recordó detonando 180 bombas en el Gran Buenos Aires.

–¿Cómo interpreta la reivindicación de la violencia del referente mapuche Jones Huala?

–Es preocupante, ya en 2006 Kofi Annan (extitular de Naciones Unidas) dijo que la violencia nunca está justificada, ni siquiera en defensa al derecho a la rebelión en defensa de cuestiones territoriales. Si alguien ataca fundos privados, mata a matrimonios como en Chile, apedrean a ciudadanos, roban, queman, definitivamente pierden legitimidad. Se convierten en terroristas y pueden ser penados. Si el Estado no lo hace, está diciéndole a la sociedad que cualquier idea se puede defender a través de la violencia.