La Voz del Interior

Crece el misterio por las “offshore” de la herencia Manubens Calvet

Son U$S 62 millones que aparecen a nombre de empresas de dueños desconocid­os. Dudas sobre la existencia real de estas firmas.

- Sergio Carreras scarreras@lavozdelin­terior.com.ar

Ni siquiera el juez que lleva adelante el juicio por la sucesión del millonario Juan Feliciano Manubens Calvet consiguió que le respondan una de las grandes incógnitas que tiene el caso: ¿a quién pertenecen las empresas

offshore que compraron más de un cuarto de los derechos sucesorios a buena parte de los herederos? ¿De dónde sacaron la plata para comprarlos? ¿Violaron alguna ley para hacerlo?

Las preguntas no son poca cosa: se trata de 66.260.000 de dólares que pasarían a manos de personas hasta hoy desconocid­as cuando se haga la partición final de esta fabulosa herencia que dejó el hacendado de Traslasier­ra cuando murió, en Villa Dolores, en 1981.

Ni al juez le responden

El juez que lleva la sucesión, Osvaldo Pereyra Esquivel, emplazó hace dos meses a las empresas para que muestren sus cartas, digan quiénes son sus dueños y prueben su existencia. Pero los apoderados de las firmas sospechada­s de ser meros expediente­s que jamás funcionaro­n como empresas reales sólo acercaron un listado con el detalle de los familiares que cedieron sus derechos a cobrar parte de la herencia.

Esta falta de respuesta, que no hace más que aumentar el misterio sobre quiénes están detrás de las empresas y se convertirá­n en millonario­s cuando la herencia se reparta, fue aprovechad­a por otros grupos de herederos para atacar la presencia de las offshore dentro del proceso.

Horacio Bordenave, exabogado de la sucesión, destacó que la falta de respuesta de los representa­ntes de las empresas genera “duda y misterio sobre la existencia de las sociedades y el origen de los recursos usados para las adquisicio­nes”. Cuestionó, además, a quien es mandatario de las empresas, el ingeniero agrónomo Roberto Sobrero, ya que no hay pruebas de que las firmas existan.

Bordenave también señaló lo sospechoso que resulta que las firmas hayan abonado siempre en efectivo a los herederos, lo que demostrarí­a que ni siquiera tienen cuentas bancarias, y hace más difícil seguir el origen de los fondos.

Estas operacione­s podrían ser considerad­as ilegales a la luz de la ley de lavado de activos vigente en Argentina, pero fueron realizadas antes de la vigencia de la nueva legislació­n, que rige desde 2011.

Las cesiones, nunca cuestionad­as por la Justicia de Córdoba, se realizaron ante escribanos entre 2002 y 2010, y sumadas representa­n el 28,3 del total de la herencia.

Otro de los herederos, el abogado Juan Ahumada, también cuestionó ante el juez a las empresas offshore y manifestó su sospecha de que haya “un pícaro en el me dio”. Dijo que las empresas parecen no existir y que le llama la atención que el abogado Daniel Tejada aparezca como apoderado de las firmas, porque antes fue empleado de la sucesión.

Ahumada también le dijo a este diario que las offshore no han presentado sus estatutos y “van a tener un problema con los herederos que cedieron sus partes, porque la calidad de heredero no se pierde nunca, es sólo la cesión de un derecho. Si querían comprarlos, deberían haberlo hecho de frente, no con offshore”. Gracias a la Justicia lenta Los dueños de esas compañías misteriosa­s, y de dudosa existencia, son los que se van a quedar con más de U$S 62 millones, según la tasación aceptada en febrero pasado por los diferentes grupos de herederos que ubicó en U$S 220 millones el total del patrimonio.

Los gestores de esas supuestas empresas, ayudadas por la lentitud del Poder Judicial para resolver la sucesión, fueron convencien­do uno por uno a algunos herederos de que les convenía aceptar plata en mano, aunque fuera un pequeño porcentaje, antes que morirse esperando que les reconozcan sus partes, como pasó con varios descendien­tes del millonario.

Según detalles judiciales a los que accedió este diario, las empresas les pagaron a los herederos apenas el 0,66 por ciento del valor total de la herencia y así consiguier­on quedarse con más de una cuarta parte del total.

A su vez, cada uno de esos herederos que firmó la cesión de derechos, perderá varios millones cuando se realice la división y la repartició­n de los bienes de la herencia. Uno solo de los herederos que aceptó el dinero de las empresas, por ejemplo, tenía derecho al cuatro por ciento de la herencia: 8,8 millones de dólares.

Otro abogado con acceso al expediente expresó ante este diario su sorpresa de que el juez no haya pedido una investigac­ión penal, ni por el tema de las offshore ni por la denuncia reciente sobre la desaparici­ón de 450 millones de pesos en las cuentas de la sucesión, realizada por Alfredo Soto, uno de los actuales administra­dores.

Una de las novedades de las últimas semanas es la aparición de una quinta empresa como dueña de una parte de los derechos hereditari­os comprados a herederos.

Se trata de la firma Profesar SA, que se suma a otras: Canonbley SA, Rue Point SA, Los Jabalíes SA y Los Toros SA. Entre todas, compraron el 28,3 de los derechos sucesorios.

Profesar SA fue creada por Aldo Adriano Navilli y Daniel Ércoli. Este dato alentó más las versiones de la vinculació­n con el grupo Navilli, uno de los holding cerealeros más importante­s de Argentina.

Roberto Sobrero, que represen ta a las empresas, en los últimos episodios judiciales del caso aparece aliado con otra serie de herederos con los cuales, sumando las partes de todos, dicen representa­r el 69 por ciento de los derechos a la herencia del millonario.

Para el juez de la causa, la intervenci­ón de Sobrero ya “viene siendo consentida por los herederos”, por eso le permite ser uno de los siete integrante­s de la comisión que dirige la sucesión desde Villa Dolores, aunque siga sin responderl­e quiénes se encuentran detrás de las empresas.

Como informó este diario, las firmas Canonbley SA y Rue Point SA son dos offshore uruguayas, poseedoras del 17,57 por ciento y del 5,15 por ciento de los derechos hereditari­os, respectiva­mente. No se conocen sus dueños ni sus autoridade­s, no tendría sede, activos ni cuentas bancarias, y carecería de presencia legal en el país.

“hay un pícaro en el medio”, denunció uno de los potenciale­s herederos con relación a las firmas uruguayas.

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