Lo que implica la figura de “desaparición forzada”

La causa judicial tiene como principal hipótesis la intervención del Estado. La figura penal es novedosa, pero no es la misma que se utiliza en los juicios de lesa humanidad.

de Iván Torres, ocurrida en 2003 en Comodoro Rivadavia, el Congreso sancionó en 2011 una ley específica para estos casos, distintos a los de la dictadura por su contexto y su alcance.

Es en este nuevo marco que se inscribe la investigación sobre Santiago Maldonado, joven de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de agosto.

El jueves pasado, a pedido de la fiscal de Esquel Silvina Ávila, el juez federal Guido Otranto caratuló la causa como “desaparición forzada”, en los términos del artículo 142 ter del Código Penal, una norma distinta al marco jurídico de los juicios por lesa humanidad.

¿Qué implica ese rótulo? Que la principal hipótesis del fiscal es que hubo intervención de Gendarmería en la desaparición de Maldonado, en el marco de una manifestación de mapuches en Cushamen, Chubut. Es por ahora una sospecha que direcciona la investigación judicial.

Esta posibilidad había sido negada de forma tajante por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa realizada el 11 de agosto. “Tenemos la absoluta decisión de buscar a Maldonado, pero de ninguna manera vamos a aceptar que esto es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción”, dijo. Sin persecución sistemática El concepto de “desaparición forzada” de personas surge del Estatuto de Roma, aprobado en 1998 por la Corte Penal Internacional e incorporado en Argentina a través de la ley 26.200, de 2006. Esa figura se aplica en los juicios de lesa humanidad vinculados a la dictadura y se refiere a la persecución sistemática que enfrenta una población o grupo.

Este delito de “desaparición forzada” –explica el juez Julián Falcucci, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba– se aplica “para casos individuales, para aquellos que están por fuera de los casos sistemáticos de desaparición forzada”. “Combina una privación legítima o ilegítima de una persona con la decisión del Estado de no brindar información sobre el destino que tuvo esa persona”, señala.

“Es una figura relativamente nueva, pero está prevista justamente para casos como el de Santiago Maldonado, en el sentido de que no son privaciones de libertad que se cometen de forma sistemática, sino que son casos individuales”.

“Habrá que ver si se puede determinar si hay un responsable. Primero, si es que se puede probar que los responsables gubernamentales sabían que existió esa privación de libertad de parte de Gendarmería y que actuaron, a partir de eso, tratando de encubrir esta privación”, agrega.

El abogado de derechos humanos Juan Carlos Vega, diputado nacional al momento de la sanción de la ley y orador al momento del debate, recalcó que “la característica que tiene esta figura es la participación del Estado. Es el Estado, a través de sus funcionarios, de manera directa o indirecta. Es el núcleo de la figura; no tiene que ver con un plan sistemático, ya que eso es terrorismo de Estado”.

En una comparecencia ante el Senado, la ministra Bullrich dijo que en el país hay en la actualidad “unas cinco mil personas desaparecidas”, pero esa cifra puede referirse a múltiples circunstancias, no necesariamente involucradas dentro del tipo penal de “desaparición forzada”.

No obstante, para la Justicia federal de Esquel esa es hasta ahora la principal línea de investigación en el caso Maldonado.