Lo que subyace en el conflicto
En la nota que los prestadores sanatoriales enviaron ayer a Apross se incluye un punto que está en el fondo del conflicto que mantienen con la obra social provincial, que con sus 620 mil afiliados es la de mayor envergadura de la provincia.
Allí señalan que llevan más de un año negociando los valores de las prestaciones y que en junio de este año el directorio de Apross aprobó una actualización del nomenclador de las prácticas médico-asistenciales a través de la resolución 0211/17, a partir del trabajo previo realizado por una comisión conjunta integrada por prestadores e integrantes de Apross.
El ajuste de los valores involucraba tanto a las clínicas y los sanatorios como a médicos de primer nivel. Esa disposición lleva la firma de cuatro vocales del directorio y fue publicada oportunamente en la web de la obra social.
Sin embargo, pocos días después, la resolución desapareció de la web oficial al ser “vetada” por el presidente del directorio (que no suscribió la resolución), lo que de hecho dejó sin efecto el nuevo nomenclador, volviendo a foja cero las negociaciones.
Las razones del “veto” se vincularían al impacto financiero que le generaría a la obra social provincial la aplicación de los nuevos valores.
Sin embargo, la resolución que otorgó el aumento de los aranceles técnicamente estaría vigente, ya que nunca habría sido anulada por una nueva disposición.