Las banderas del día después
Los cientos de miles de personas que inundaron el lunes las calles de Barcelona, para una Diada cargada de simbolismo, tuvieron ayer nuevas advertencias legales y presiones políticas, como respuesta de Madrid.
Fiscales y funcionarios del Gobierno español instruyeron a fuerzas policiales y de seguridad para que incauten cualquier elemento e impidan todo acto relacionado con la preparación del referéndum convocado para el 1° de octubre. Las órdenes de incautar urnas o material electoral, así como de impedir acciones destinadas a facilitar la realización de la consulta recayeron sobre efectivos de la Guardia Civil española y también sobre los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica catalana, que fue muy elogiada tras los atentados terroristas de mediados de agosto en Barcelona y Cambrils.
El fin de semana pasado, los guardias civiles demostraron un celo excesivo al ejecutar allanamientos en imprentas y registros de un periódico regional en busca de papeletas o votos con la pregunta: ¿quiere que Catalunya se convierta en una república independiente?
Queda por ver qué actitud tomarán, finalmente, los Mossos, cuyo jefe, Josep Lluis Trapero, fue instruido por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que requise material destinado al “1-O”. Justo Trapero, convertido en otro ícono del independentismo tras sus comparecencias por los ataques yihadistas y su réplica a quienes le reprocharon que alternara respuestas en castellano con otras en su catalán natal.
Las acciones para neutralizar la consulta se extendieron más allá de la geografía catalana y llegaron a Madrid, donde se prohibió un acto que tenía la venia de la alcaldesa, Manuela Carmena.
Otros alcaldes, los de municipios catalanes gobernados por el Partido Socialista, se reunieron en Santa Coloma de Gramenet y recibieron el apoyo del máximo líder de su partido, Pedro Sánchez. Los jefes de los ayuntamientos socialistas denunciaron presiones y amenazas de la Generalitat, que preside Carles Puigdemont, si no facilitan instalaciones para la votación.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien llegó al Ayuntamiento con apoyo de Podemos, fue hostigada por su decisión de no aportar logística a esta consulta, pese a su defensa del derecho de los catalanes a decidir su futuro en las urnas.
Sánchez, en tanto, dijo a los alcaldes de su partido que tenían la ley de su lado, con un discurso idéntico al del presidente español, Mariano Rajoy. Quizá para no quedar tan pegado con la intransigencia del PP, Sánchez ofreció más autogobierno y libertad a la región declarada en rebeldía.
Y lo de rebeldía no es metáfora. Rajoy y los tribunales españoles advirtieron de entrada y lo repiten cada día que la desobediencia de funcionarios y ciudadanos catalanes será penada. Pero a los mentores del “1-O” las amenazas de represalia no los disuaden. Choque de trenes
Nadie parece dispuesto a ceder posiciones ni a dar el primer paso para que el previsible “choque de trenes” no se produzca.
Ayer, Jordi Sánchez, titular de la Asamblea Nacional Catalana, una de las plataformas que en la última década visibilizaron y potenciaron el perfil independentista y masivo de la Diada, dio su propia interpretación de la legalidad en esta contienda. “Escuchen al pueblo de Catalunya, pónganse del lado de la democracia; faciliten que hablen las urnas”, afirmó Sánchez. El mismo dirigente sostuvo que “bajaría el referéndum” si Rajoy aceptara una consulta pactada. Pero al mismo tiempo sentenció: “Hemos llegado hasta aquí para ganar”.
No mucho tiempo atrás, parecía imposible llegar a la situación actual. Hoy nadie se anima a conjeturar si el referéndum se llevará a cabo y, mucho menos, qué deparará el día después.
Desde Madrid resaltan cada advertencia de funcionarios o legisladores europeos acerca de que una Catalunya independiente no tendría cabida en el club de Los 27.
Desde Barcelona, aseguran tener un plan de transición interna y otro para integrarse a la UE, con una fórmula de declaración unilateral de independencia similar a la de Kosovo.
Mientras, la hipótesis más probable hasta aquí es la de un referéndum parcial, efectuado de modo casi clandestino y donde un eventual triunfo del Sí sería deslegitimado por la ausencia de votantes por el No. Lo curioso es que la mayoría de quienes rechazarían con su voto la independencia también quieren la consulta y confían en ganarla.
A sólo 18 días de la fecha fijada por la Generalitat, la puja entre la Cataluña que quiere seguir en España y la Catalunya que pugna por su independencia sumará condimentos para una contienda en la que Madrid no quiere dejar de ser juez y parte.