Una familia debe convivir con el sospechoso de abusar de su hija
El imputado es el portero del edificio donde reside la familia que lo denunció. Acusan al consorcio de proteger al acusado. Hablan de vacío legal. En breve, va a juicio.
No habría antecedentes similares en Córdoba. Y por eso la legislación vigente para resguardar los derechos de una niña parece quedarse corta. Hace un año, los padres de una nena de 10 años denunciaron por el abuso reiterado que sufrió la pequeña al portero del edificio donde viven.
Desde la fecha de la denuncia, la fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, Alicia Chirino, ordenó varios peritajes, entre ellos, estudios físicos y psicológicos a la víctima y al acusado. Además, se realizó una cámara Gesell y se allanó la vivienda del denunciado, en el tercer piso de una propiedad horizontal ubicada en avenida Castro Barros al 1000.
Con los resultados de todas esas pruebas, la fiscal ordenó la triple imputación de “J.S.”, de 72 años, como supuesto autor de abuso sexual continuado, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores. La última figura delictual prevé penas de hasta 10 años de prisión. No obstante la gravedad de la calificación, con la que será juzgado antes de fin de año, el acusado permanece en libertad y viviendo a pocos metros de quienes lo denunciaron.
No es la única situación extraña de la que se queja la querella que está a cargo del abogado Matías Clariá. Es que, a pesar de la imputación y de la orden de la fiscal que obliga al acusado a alejarse y no mirar a los denunciantes si los encuentra, el consorcio ha rechazado los pedidos de la familia para que el portero bajo sospecha sea despedido, o que, por lo menos, no se le permita vivir en ese lugar.
Clariá le dijo a este diario que la situación le ha provocado a la familia una doble tragedia: la del hecho en sí mismo, por el que todos están bajo tratamiento psicológico; y la de tener que seguir viviendo en el mismo edificio con el individuo que está acusado de haber abusado de su pequeña.
El padre de la menor relató: “Contra el deseo natural de cualquier padre de tomar otro tipo de medidas ante semejante hecho, actué con serenidad; convoqué a los consorcistas para explicarles lo que había pasado, y les pedí que despidieran al tipo, pero parece que tienen más miedo a que les pueda sacar plata a ellos a que ataque a alguna otra familia”.
Aclaró que el departamento donde viven es de su padre y que, por ahora, no están en condiciones de irse a vivir a otro lugar. “Ojalá pudiera irme de allí, pero por ahora no podemos. He insistido varias veces con el administrador para que echen al tipo, les mostré el expediente, les dije de la elevación a juicio, pero no hay caso, lo protegen”.
Legislación “corta”
Clariá argumentó que para casos de violencia familiar la legislación prevé medidas como la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de acercamiento y el impedimento de contacto; pero que para este tipo de hechos no hay normativa específica. “Acercamos al consorcio la ley de contrato de trabajo que establece como causal de despido la ‘pérdida de confianza’ –explicó Clariá–, y acá hay pruebas de que algunos le perdieron la confianza, aunque increíblemente lo sostienen en ese lugar”.
El administrador del consorcio, Miguel Rodríguez, dijo que no pueden tomar medidas mientras sólo pesen sospechas contra el portero, y que si es condenado “seguramente” será despedido (ver Será despedido...).
El padre de la víctima no está de acuerdo con el proceder del administrador y de los consorcistas. Incluso, dijo que analiza plantearles una demanda civil por daños y perjuicios. “En una de las últimas reuniones de consorcio –explicó– volví a pedir que despidan al abusador, pero me pidieron más pruebas y se pusieron a debatir si había que pintar o no el edificio. En eso estaban cuando un médico le pidió al administrador que suspendiera al portero porque ‘no había limpiado una mancha en el palier del edificio’. Ahí exploté porque ese mismo individuo no había dicho nada cuando yo pedí que echaran al portero porque había abusado de mi hija”.
Fuentes de la Cámara 4ª del Crimen informaron que se definirá la fecha en los próximos días, y que, en principio, el juicio será antes de fin de año. El proceso estará a cargo de la camarista María Antonia de la Rúa y no será público por tratarse de un delito de instancia privada. La Voz se contactó con el defensor de J.S., Jorge Gustavo Fernández, quien no respondió los mensajes.