La oposición municipal, con la mira en los contratos
La Municipalidad de Córdoba tiene empleados y contratados. Pero, además, solicita a personas una serie de servicios y obras que se extienden en el tiempo.
En los papeles, la Municipalidad de Córdoba gasta en sueldos seis de cada 10 pesos. Así dice la ejecución presupuestaria. Pero eso sólo incluye a los empleados fijos y a los contratados.
En cambio, no contempla a otras personas vinculadas a través de locaciones de obras y servicios para tareas que a veces se extienden en el tiempo, que están poco precisadas en los instrumentos legales y cuyos pagos están registrados en las partidas de servicios y no en las de personal.
Fuentes técnicas ligadas a concejales opositores estiman que a los 10.200 empleados del municipio se podrían agregar otras mil personas relacionadas por estas vías. Consultada al respecto, la Municipalidad evitó dar datos sobre la magnitud de estas locaciones.
La identificación de estas tareas tiene cierta dificultad porque estos vínculos no están centralizados y se distribuyen entre distintas reparticiones. Además, es difícil distinguir entre la prestación de servicios ocasionales y la de los regulares.
De cada 10 pesos que gasta la Municipalidad de Córdoba, seis se utilizaron para pagar sueldos durante los últimos dos años. Así lo indican los datos oficiales. Las partidas incluidas en ese cálculo son “personal” y “personal afectado al plan de trabajos públicos”.
Sin embargo, las cifras reales de lo que le cuesta a los cordobeses el empleo municipal serían mayores. Sucede que los ejercicios contables ya aprobados por el Tribunal de Cuentas no computan como costo laboral ( en el rubro “personal”, partida presupuestaria Pr01) a vínculos de trabajo que aparecen con el aspecto de contratos de locación de obra, que son instrumentados mediante decretos del intendente, en los cuales se los asienta como “servicios” ( partida presupuestaria Pr03).
Consultada, la Municipalidad evitó dar datos sobre la cantidad de este tipo de contrataciones. La respuesta oficial fue: “Es un tema sensible, la información disponible es la que está publicada en el portal de gobierno abierto”.
Estimaciones del equipo técnico del presidente del bloque de concejales de Unión por Córdoba, Esteban Dómina, indican que podría tratarse de más de 1.000 casos, con un posible costo laboral equivalente al 5 por ciento del total de los gastos corrientes, lo que elevaría a 65 por ciento la incidencia salarial.
Limitaciones y ejemplos
La identificación exacta de la cantidad y el monto de los contratos de locación de obra que estarían funcionando como empleo encubierto tiene cierta complejidad, indican ediles opositores: las facturas de los monotributistas están distribuidas por repartición y hay una imposibilidad externa de distinguir entre la prestación de servicios ocasionales ( como pintar una sala o reparar una cañería) y regulares ( como el trabajo cotidiano de choferes), puesto que, por un lado, las descripciones en las facturas no siempre reflejan la tarea efectiva por la que se paga y, por otro lado, los decretos que les dan lugar se fundan en labores genéricas o difusas, que supuestamente no constituyen un vínculo laboral.
No obstante, LaVoz accedió a una muestra de decretos de las últimas semanas ( disponibles en la versión online de este artículo) con elementos que darían indicio de vínculos laborales, y que mandan a asentar en la contabilidad municipal a dichos contratos como “servicios” y no como “personal”.
Algunos decretos, además, dejan sin efecto temporal al decreto 1.140/ 13 del intendente Ramón Mestre, por el que se suspendía “el inicio de todo nuevo trámite para la autorización de servicios personales por plazo determinado”.
Los ejemplos se replican por decenas, como puede constatarse si se indaga en el Boletín Oficial, en el digesto y en el sistema municipal. Aquí se consignan algunos.
Decreto 2.994. Se firmó recién el 5 de septiembre y por él se formaliza la contratación de una persona, ocurrida hace tres años, que realizó tareas entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2014. Además, las facturas de monotributo presentadas son correlativas, de la 001 hasta la 007. Se imputa en el rubro “servicios” y no en el de “personal”.
Decreto 2.989. Misma fecha. El documento autoriza una locación de obra de cinco meses donde se suspende expresamente la imposibilidad de contratar dispuesta por el decreto 1.140/ 13. El vínculo fue tipificado contablemente con la partida Pr03, “servicios”. Las facturas son correlativas, desde la 001 hasta las 007.
Decreto 2.808. Es del 23 de agosto. Reconoce la labor realizada en 2016 por personal que concursó y quedó en orden de mérito para tareas de salud, pero no especifica de qué partida salió el pago. El artículo segundo expresa de modo vago que los haberes “fueron atendidos con las correspondientes partidas”. Hay discordancia entre los montos a pagar previstos en el contrato, las sumas recibidas por el personal y la erogación total. En concreto, los contratos establecen que el total a pagar era 154.904,80 pesos; pero en el decreto figura que el personal recibió efectivamente 165.470,4 y, por otra parte, luego en el artículo segundo se afirma que la Municipalidad gastó 214.219,13 pesos. Si bien la diferencia puede deberse al proporcional de aguinaldo, la contabilidad debe reflejar el principio de partida doble.
Decreto 2.830. Es del 29 de agosto. Reconoce labor de auditoría médica ya efectuada a personal a través de un contrato de locación de obra. Las facturas presentadas son correlativas. En el decreto, la Municipalidad expresa que las tareas objeto del vínculo son “afines a la dirección de Medicina Laboral”. Según dos abogados laboralistas y un juez provincial consultados, la realización de tareas vinculadas a la función propia de una oficina pública evidenciarían relación de dependencia. Sin embargo, al gasto se imputa en la partida Pr03, “servicios”.