Una decisión con riesgos
El Gobierno nacional anunció que desde el domingo 1° de octubre regirá una liberación en el precio de los combustibles, una medida que no se aplicaba en el país desde hace más de una década y media.
La resolución del Ministerio de Energía pretende ser una señal para las actuales compañías y futuros inversores de que el Gobierno alentará las inversiones y la competencia más allá del resultado de las urnas.
Los negocios globales se caracterizan por la fuerte competencia entre las empresas privadas, con un Estado que intenta preservar los derechos de consumidores y usuarios para evitar posiciones dominantes en los mercados.
El país necesita de la inversión extranjera directa para dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la incorporación de recursos para la explotación, desarrollo y exportación de los bienes primarios.
La liberación del precio de las naftas y del gasoil es una decisión que va en la dirección que se mueve hoy la competencia global.
Sin embargo, por las características de los mercados en la Argentina, requiere de medidas complementarias y una supervisión permanente por parte de los organismos competentes del Estado en función de que la exploración, la destilación y la venta de combustibles están concentradas en cuatro grandes grupos. Estos podrían desarrollar acciones cartelizadas.
El Gobierno nacional podría alegar que cualquier acción de esa naturaleza sería desarticulada a través de la estatal YPF, que posee más del 50 por ciento del mercado.
El último balance deficitario le restaría margen para esas maniobras que impedirían la disparada de insumos clave para el transporte y la comercialización de bienes en un país con escaso desarrollo del transporte de carga por otras vías que no sea la terrestre.
Los movimientos de YPF deben respetar, además, reglas internacionales, pues es una compañía que cotiza en los principales mercados bursátiles.
La decisión de alentar las inversiones y que estas repliquen en el país la cotización internacional en dólares del petróleo crudo, con sus altas y bajas, puede ser riesgosa en función de un mercado imperfecto y las escasas posibilidades de actuación de los organismos de control y de defensa del consumidor.
La liberación de la economía en ciertos sectores exigirá a las autoridades generar las condiciones de competencia adecuadas para empresas y consumidores, lo que evitará distorsiones que afecten los objetivos de desarrollo trazados.
La desarticulación de un Estado omnipresente e ineficiente demandará tiempo, pero exigirá, a la vez, una comunicación clara de los objetivos y una instrumentación acertada.