¿Y dónde está la investigación judicial?
El Ministerio Público Fiscal que ayer desestimó dos veces (por escrito y a través de las declaraciones de una prosecretaria) la denuncia sobre las supuestas fosas comunes en el cementerio San Vicente, ni siquiera ha llamado a declarar a los tres empleados que afirmaron ser testigos o partícipes de las tareas de cavado y enterramiento denunciadas el año pasado.
Hace 13 meses desde la primera denuncia sobre graves irregularidades en el manejo del crematorio del cementerio San Vicente realizada por la empleada del cementerio Clara Rosa Martín, nueve meses de la denuncia publicada por este diario y dos meses desde la entrega de las conclusiones del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) que excavó, provisoriamente, las ¡tres! fosas comunes cavadas en un sector administrativo del crematorio.
Todo indica que la respuesta judicial parece encaminarse al archivo silencioso de la causa: tener cadáveres y restos cadavéricos en el patio de una dependencia estatal no parece ser tan grave como para que la Justicia de Córdoba se tome el trabajo de investigarlo. Ayer desde la propia Justicia se reiteró que “no existe delito”.
El informe del Eaaf afirma con claridad que no pudieron seguir la excavación de las fosas “debido a la cantidad de cuerpos hallados y al estado de descomposición que impidió profundizar la excavación sin dañar severamente los cuerpos hallados en los niveles superiores”. Encontraron además, restos de cuerpos “que conservaban tejido blando”.
Esto significa que en ese lugar de la ciudad de Córdoba, a muy pocos metros de donde la dictadura enterró los cuerpos anónimos de personas desaparecidas y asesinadas, hoy existen otras tumbas comunes llenas de cuerpos NN y que el Estado no sabe quiénes fueron, qué nombres, sexo ni edad tenían, ni mucho menos el itinerario de esos cadáveres. Frente al Memorial de los Desaparecidos hoy existe otro monumento, esta vez a la desmemoria.
Los empleados que se atrevieron a denunciar las fosas han sido abandonados por la Justicia y llevan nueve meses viviendo entre amenazas.
LOS EMPLEADOS QUE DICEN HABER SIDO TESTIGOS DE LOS HECHOS NI SIQUIERA FUERON CITADOS A DECLARAR.