A estudiar, para salir antes
¿ C uántas veces se habla del espíritu de las leyes? ¿Cuántas veces se hace referencia a la “intención del legislador” y su desnaturalización a la hora de aplicar la norma? Cuando se sancionan leyes para lograr que el encierro de los condenados sea efectivamente con miras a lograr una auténtica reinserción social, indudablemente se apunta a que el individuo salga mejor del presidio y no peor de lo que entró. Una de las formas de alcanzar ese ideal es a través de la educación y de la capacitación. Así, conviene repasar lo que señala esa normativa para apreciar algunos de sus objetivos.
La ley 24.660, en su artículo 140, señala que “los plazos requeridos a través de las distintas fases y períodos del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalente”.
Nótese que se habla de completar tramos educativos amplios (como el ciclo primario) o “trayectos de formación profesional”.
En sintonía con la ley 26.206, se establece una suerte de tabla de equivalencias a la hora de computar meses de reducción de penas, según el estudio que se realice: a) un mes por ciclo lectivo anual; b) dos meses por curso de formación profesional anual o equivalente; c) dos meses por estudio primario; d) tres meses por estudios secundarios; e) tres meses por estudios de nivel terciario; f) cuatro meses por estudios universitarios; g) dos meses por cursos de posgrado.
En el caso de Petrone, que en el juicio señaló que no tiene la primaria completa, cabe preguntarse si realizar cursos de “formación profesional” cuya duración –según la web de la universidad que los dicta– es de cuatro meses puede equipararse a ciclos anuales.
El empresario Gustavo Trebucq, contador de profesión, recientemente rindió en Bouwer las “carreras” de martillero público y de corredor inmobiliario.
Por otra parte, existe la duda de si el espíritu de la ley se aplica de igual modo a una persona humilde que termina su primaria o su secundaria y, de este modo, sale de la cárcel como una persona con mejores recursos para desenvolverse en la sociedad.
El antecedente más inmediato, acaso como precursor de esta oleada de reclusos que piden reducción de pena, es el del abogado Gabriel Loyo Fraire, quien completó cursos de posgrado (como Derecho Ambiental) y consiguió una reducción de la pena para salir libre casi un año antes.
Pero, si bien hay muchas similitudes, hay una diferencia entre ese caso y el de Petrone. A Loyo Fraire la libertad se la concedió el juez de Ejecución, a cargo del cumplimiento de su condena.
Petrone ha insistido en que su sentencia no está firme, por una demora en la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, aún está a cargo de los mismos jueces que lo condenaron. Los mismos que le vienen diciendo que “no” a todo lo que pide. En esta decisión, al empresario desarrollista le convendría que su causa estuviera con sentencia firme.
EL EMPRESARIO CONTINÚA SIN FALLO FIRME POR UNA EXTRAÑA DEMORA DE LA CORTE SUPREMA.