El Estado frente a empresas como Airbnb, Netflix o Uber
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) es un organismo autárquico del Estado argentino, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se encarga, entre otras funciones, de la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales.
El problema que enfrenta ahora este órgano, junto con el Gobierno nacional, es qué hacer con las empresas que no son tangibles, es decir, aquellas que producen ingresos a través de software de aplicaciones móviles y plataformas on line que generan dinero sin que el Estado pueda fiscalizarlas a través de sus agentes.
Hacemos referencia a Airbnb, Netflix o Uber (aunque, si bien Uber comparte el mismo problema de raíz que Netflix y Airbnb, es un caso aparte). Todas compañías que forman parte de la nueva generación de plataformas que se dedican a satisfacer las necesidades de las personas en lo que respecta al ocio o a la movilidad; que, sin lugar a dudas, resultan mucho mejores que las convencionales y que, por lo tanto, son elegidas por la mayor cantidad de usuarios.
El economista Murray Rothbard decía que un impuesto es un “robo legalizado y organizado en gran escala”. En relación con esta idea de un Estado absorbente, podemos utilizar la justificación vertida por el titular de Afip, Alberto Abad: “Airbnb no posee inmuebles, pero alquila millones de inmuebles en todos los centros de veraneo; Facebook no crea contenidos; Netflix no usa cables; Uber no posee vehículos; Alibaba no posee inventarios, y WhatsApp no es una telefónica. Es la desmaterialización total de la economía, y esto trae problemas para los esquemas normativos”.
Sin embargo, la catarsis no terminó ahí. También aseguró que “desde nuestra visión, el elemento que une todo esto es la desmaterialización de la base imponible. ¿Dónde le cobramos a Netflix? ¿Dónde le cobramos a Uber? ¿Dónde le cobramos a Airbnb? Esto tiene un impacto fundamental en el financiamiento de los países, y el financiamiento está asociado a la calidad de vida de los ciudadanos”.
Si retomamos las palabras del ministro en lo que respecta a la “calidad de vida de los ciudadanos”, parece que Abad olvida que todas estas multinacionales son elegidas libremente por gran parte de la población, y que, en el caso de que deban ser contratadas como servicios, estos son pagados por los mismos usuarios de acuerdo a la calidad de las prestaciones que cada uno prefiera en función de los requisitos y exigencias que pretendamos.
De igual manera, la presión tributaria siempre se traslada al producto, lo que encarece su consumo y perjudica al que lo demande.
En el caso de Netflix, Argentina se encuentra tercera en lo que respecta al ranking de posicionamiento de la compañía en América latina (lo encabeza México y le sigue Brasil). Esto demuestra que, sin lugar a dudas, esta plataforma es la mejor elección, debido a su bajo costo y su alta calidad.
El problema no es sólo Abad, sino también la mentalidad de varios dirigentes políticos del país, como es el caso del diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien aseguró que “no se puede plantear una reforma fiscal en épocas de elecciones”. O la respuesta del exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien tras ser consultado por la baja de la presión fiscal comentó: “Sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales”.
Este tipo de razonamientos ilógicos son esgrimidos por los máximos representantes del país. Y podríamos seguir citando a burócratas que niegan la mejoría de abandonar –o al menos disminuir– impuestos.
Pero lo cierto es que son sólo excusas que utilizan los políticos con el objetivo de mantener las dimensiones elefantiásicas del Estado (que debe ser financiado a través de impuestos al sector productivo), y de esta forma legitimar la enorme presión fiscal que nos condena a ser un país subdesarrollado.
En palabras del economista Javier Milei, “Argentina es una máquina de triturar valor. Si generas un mango, te lo saca el Estado”, y esta vez no será la excepción. Pero, insistimos, la recaudación del Estado y el posterior gasto público no están necesariamente ligados a la “calidad de vida de los ciudadanos”, como nos quiere hacer creer Abad, y sí a pagar los caprichos del gobierno de turno.
Argentina ya esgrimió cuáles son las reglas del juego. Serán las empresas dedicadas a satisfacer de forma exitosa estas necesidades las que tendrán que evaluar si seguirán brindándonos sus utilidades, puesto que, como dice Adam Smith, “no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por sus propios intereses”.
PARECE QUE ABAD OLVIDA QUE ESTAS MULTINACIONALES SON ELEGIDAS LIBREMENTE POR GRAN PARTE
DE LA POBLACIÓN.
* Periodista, investigadora de la Fundación Libre