Sospechas que deben ser esclarecidas
Las denuncias judiciales y publicaciones periodísticas sobre una presunta organización delictiva que operaba en el cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba con el fin de perpetrar robos a los ataúdes y encubrir supuestas irregularidades, con enterramientos en fosas comunes, provocaron un impacto mayúsculo en la sociedad.
Un clima de sospechas se extiende desde que en agosto de 2016 una empleada de esa necrópolis reveló que en el lugar actuaba una mafia dedicada a lucrar con cremaciones ilegales en los hornos del cementerio municipal.
A un año de aquella acusación, la Justicia no llamó ni siquiera a brindar testimonios a los testigos de esos supuestos delitos, aunque sí tomaron estado público las amenazas que sufren quienes realizaron las denuncias. Amedrentamientos que presuponen una avanzada en aras del silencio de parte de los agentes involucrados en las maniobras denunciadas, quienes se refugian en la protección del sindicato que agrupa a los trabajadores del municipio cordobés (Suoem).
La situación es de una gravedad extrema en el plano judicial y, además, de enormes derivaciones humanitarias; toda vez que muchos familiares que dieron sepultura o llevaron a cremación los restos de sus seres queridos navegan en un mar de incertidumbre y dolor. No es poco lo que se sabe como para que la Justicia y las autoridades del municipio –que oportunamente formularon una denuncia – se relajen o intuyan un pronto archivo de la causa.
Al respecto, como informamos en nuestra páginas en noviembre de 2016, las sospechas recaían sobre una banda que desde hacía varios años se dedicaba a robar efectos personales de los ataúdes y a vender huesos y cabellos humanos, además de placas y metales extraídos en la profanación de tumbas.
La pesquisa debe profundizarse, más aún luego de conocido un informe pericial del Equipo Argentino de Antropología Forense que da cuenta de que la excavación de las fosas comunes se vio dificultada por la cantidad de cuerpos hallados y por su estado de descomposición en algunos niveles superiores.
El peor mensaje para los deudos y la comunidad, aturdida por estas noticias, sería ocultar lo evidente y ceñirse sólo a una cronología difusa que no contribuye a develar lo que se denunció: las maniobras de una presunta banda que, amparada en un cargo público, se dedicaba con pasmosa impunidad a lucrar con los muertos.
El cementerio San Vicente fue el destino de personas asesinadas por la dictadura militar a las que se identificaba como NN. Aunque por otras circunstancias, el dolor sacude a muchas familias y la Justicia no puede claudicar hasta esclarecer las sospechas de forma definitiva.