Desafío catalán en todos los frentes
El rey respaldó al Gobierno español. En Barcelona hubo cacerolazos.
Miles de personas inundaron ayer las calles de Barcelona y de poblaciones de toda Cataluña para participar en la aturada de país (paro de país, en catalán) y en la huelga general, convocadas en repudio de la represión policial contra los votantes del referéndum de independencia del pasado 1° de Octubre (1-O).
La multitudinaria protesta paralizó Cataluña en rechazo a las duras cargas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que provocaron más de 800 heridos y profundizaron la crisis política e institucional que desgarra a España.
Mientras, la inminente declaración unilateral de independencia sobrevuela todos los discursos. Anoche, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reveló que será proclamada “en cuestión de días”. En una entrevista con la BBC, la primera concedida después del 1-O, aseguró que el Govern actuará “a fin de esta semana o a inicios de la próxima”.
Las declaraciones fueron momentos antes de que el rey Felipe VI dirigiera un fuerte mensaje televisivo y atribuyera a la Generalitat una “deslealtad inadmisible” y la culpara de “dividir la sociedad catalana”.
Las manifestaciones fueron convocadas por Taula per la Democràcia (Mesa por la Democracia), que nuclea a entidades soberanis- tas –Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural–, a los grandes sindicatos y a otros gremios y patronales. La respuesta social fue contundente, con miles de personas concentradas por la mañana, la tarde y hasta la noche, cuando se le solicitaba a la gente que se desconcentrara y regresara a sus casas.
Cataluña quedó paralizada casi por completo. El metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat no funcionaron, mientras que los trenes de cercanías, que comunican las localidades próximas a la ciudad, dieron servicios mínimos. Los puertos marítimos de Barcelona y Tarragona cancelaron su actividad, al igual que escuelas, fábricas y comercios. Hasta el Fútbol Club Barcelona decidió adherirse a la huelga. Permaneció cerrado y canceló entrenamientos.
Aunque la manifestación estaba convocada para las 18, desde primera hora del día hubo gente desbordando grandes arterias urbanas como Gran Vía, Diagonal y Vía Laietana, para sumarse a las concentraciones principales de las plazas Sant Jaume y Universitat.
Según la Guardia Urbana, 700 mil personas se movilizaron a los puntos de convocatoria. En el inteen rior de la región, los agricultores bloquearon carreteras con tractores. Vías como la Nacional II, que une Barcelona con Girona por la costa del Maresme y es una de las más transitadas de Cataluña, estuvieron desiertas durante el día.
La sede del Partido Popular (PP), el cuartel de la Guardia Civil Travessera de Gracia y la Delegación del Gobierno español fueron parte de los focos de tensión, con fuertes actos de protestas.
Los bomberos, que durante el referéndum del 1-O tuvieron un rol protagónico frente a las duras cargas de la Policía española, se sumaron al paro y fueron vitoreados por los manifestantes al canto de: “Menos policías, más bomberos”. Las concentraciones estuvieron cargadas de simbolismo, como la colocación de claveles rojos en los centros de votación que fueron cerrados a la fuerza.
En las calles se mezcló orgullo e indignación. Un 90 por ciento de los votos emitidos el domingo se pronunciaron por un Sí a la independencia de Cataluña. Y, según cifras del Govern catalán, 2.262.424 lograron votar en una consulta declarada ilegal, bloqueada y perseguida por el Estado español.
Sin embargo, persiste un sentimiento de humillación colectiva. La ciudadanía, herida y aún consternada, clama por la retirada de los cuerpos de seguridad del Estado del territorio catalán. Los escraches, repudios y altercados con agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se multiplican en pequeños pueblos y ciudades.
El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, acusó Puigdemont de alentar el acoso popular a los policías desplegados en Cataluña.
Más de 10 mil agentes fueron enviados días atrás por Mariano Rajoy para hacer frente al operativo de seguridad e impedir la celebración del referéndum. Y continúan en toda la región, ubicados en alojamientos y embarcaciones.
El ministro advirtió que los “actos de odio” de los ciudadanos tendrán “la correspondiente respuesta jurídica propia de un Estado de derecho” y anunció que ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel en Cataluña en que exista un contrato en vigor.