Disputa por Andrea Franceschini: piden llevar a juicio a 11 personas
Entre los imputados, está el exmarido de la empresaria de la repostería. En la Justicia federal, discuten desde otra óptica en una causa paralela.
El apellido Franceschini está indisolublemente ligado en Córdoba a las tortas y productos de repostería, pero desde hace varios años también lo está a los conflictos judiciales, aun intrafamiliares.
Tras el fallecimiento de la fundadora de la marca, Graciela Franceschini, se sucedieron disputas que reconocen diversos escenarios. El viudo, hijas y yernos han tenido disputas que recorrieron no pocos estrados judiciales.
Ahora, la controversia judicial se centra en torno de una de las hijas de la fundadora de la tradicional repostera, Andrea Franceschini.
El 29 de septiembre, el fiscal José Bringas pidió la elevación a juicio de una causa en la que están imputadas 11 personas, con el peso de tres presuntos delitos en perjuicio de Andrea –estafa, defraudación por administración fraudulenta y false- dad ideológica–, con diferentes grados de responsabilidad y roles.
Un papel central en toda la maniobra descripta minuciosamente por Bringas se le adjudica a quien era esposo de la empresaria, Arturo Javier Gerardo Sánchez.
Mientras Andrea se dedicaba a la producción de las tortas, con muy buen suceso comercial, Sánchez estaba a cargo de la administración de la empresa con numerosas sucursales y una facturación elevada.
El fiscal le asigna a él haber estafado a su mujer haciéndole creer que, como la firma estaba mal, debían realizar movimientos societarios para salvarla.
De este modo, de acuerdo con la imputación, fueron cambiando de manos la razón social, cediendo ella parte de las acciones hasta quedarse con una porción mínima, del 20 por ciento.
El relato del fiscal señala que, a pesar de todos esos movimientos, el discurso de Sánchez seguía siendo siempre el mismo: que la empresa seguía mal.
Las personas asociadas eran contadores o empleados que pasaron a ser accionistas.
La firma fue cambiando de nombres, de Mediterránea SA a Dulces SA, entre otros, para comprobarse finalmente –según Bringas– que Sánchez y otros tenían otra firma paralela, Fajo SRL, que comercializaba las tortas a espaldas de Andrea Franceschini usando su marca.
El abogado de Andrea, como querellante en la causa, es Alejandro Zeverín. Él sostiene que su clienta fue víctima de “una banda” que “construyó un cuento” de que la empresa iba mal y, a través de “un documento de cesión”, consiguió desapoderarla del manejo y de la propiedad de la firma.
Zeverín señala que esto permitió que haya productos Franceschini “truchos”, con “caja amarilla”, y que los denunciados usaron “diversas fábricas como ‘tapaderas’”.
Además del hoy exmarido Sánchez, los imputados citados a juicio son María Soledad Bessone (empleada), el escribano Bernardo Borcosqui, el contador Gustavo Reynaldo Cena, María Cecilia y Pablo Dahbar (comerciantes), Luis Rodrigo Jara (comerciante), el contador Carlos Hernán Dotto, Ricardo Rubén Martínez (empleado), Osvaldo Sergio Terragni y el contador Gerardo Andrés Oddone.
También en Federales
A su vez, se reprocha al escribano Borcosqui haber hecho la cesión de la marca sabiendo que era una operación fraudulenta. Andrea Franceschini firmó esa cesión, pero lo habría hecho engañada. Por tratarse de un delito federal el uso supuestamente ilegal de una marca, este tramo quedó radicado en ese fuero.
Ayer, el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, se mostró sorprendido por el cariz que tomó la causa en el ámbito provincial, con la elevación a juicio.
Vaca Narvaja ya sobreseyó a Dotto, Martín José Carranza Torres y Gustavo Reynaldo Cena.
La decisión fue apelada y se encuentra en la Cámara Federal. En las últimas horas, ese tribunal requirió a la Justicia provincial si hubo alguna resolución en este conflicto. Se presume que en los próximos días se enviará la elevación a juicio dispuesta por Bringas.
En otro episodio paralelo, en abril pasado, el abogado Carlos Nayi patrocinó al policía Víctor Rivadeneira por “privación ilegítima de la libertad”. Denunció que cuando fue a hacer una inspección de Afip a un local de Andrea Franceschini, por presunta contratación informal de empleados, fue encerrado en una habitación.