Denunciado por acoso, renunció un defensor oficial
Marcelo Eduardo Arrieta puede afrontar un juicio de destitución. La Defensoría General de la Nación ordenó el proceso en su contra. En caso de que acepten su dimisión, no habrá juicio. Arrieta niega los hechos.
La Defensoría General de la Nación ordenó el enjuiciamiento del defensor oficial Marcelo Eduardo Arrieta, quien oficia ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba, a raíz de un proceso administrativo iniciado en su contra por una denuncia de supuesto acoso sexual de una representada.
La Defensoría pidió la suspensión de Arrieta y convocó al Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, que deberá decidir si corresponde o no la destitución.
Días atrás, Arrieta presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación. En caso de que la acepten, no habrá juicio.
Como el proceso tiene como objetivo determinar si corresponde la destitución o no, si se hace efectiva la renuncia se extinguiría el objeto del juicio. La cartera de Justicia aún no se expidió.
El Ministerio Público de la Defensa está a cargo de la acción de los defensores oficiales, quienes deben asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de los imputados. La máxima autoridad es la defensora general de la Nación.
Arrieta niega los hechos y cuestionó el proceso.
La denuncia
El 7 de octubre del año pasado, una mujer que era representada por Arrieta en una causa por transporte de estupefacientes se presentó en la sede de la Defensoría Pública Oficial y manifestó a la encargada de la atención al público que deseaba cambiar de defensor. Al ser consultada por los motivos, dijo que Arrieta “se le estaba haciendo el novio” y que en la última entrevista la había invitado a pasar el fin de semana en una casa de campo de su propiedad con la excusa de leer bien la causa “y de paso tomar unos vinos”, según consta en la resolución de la Defensoría General.
La mujer indicó que recibió esa propuesta luego de confiarle a Arrieta, en el marco de la entrevista y por estrictas razones de defensa, que trabajaba en una whiskería en otra provincia. Dijo que la situación la incomodó y contestó que sí a su invitación porque estaba en shock. Según la denuncia, días después, Arrieta la llamó a su celular y le dijo que hablaran personalmente porque por teléfono las cosas “se filtran”. Ella rechazó la propuesta.
Después de esos episodios ocurridos en agosto, la mujer no volvió a concurrir a la Defensoría, hasta el 7 de octubre del año pasado cuando fue a la sede y le planteó a la encargada de atención al público que quería cambiar de defensor.
Al iniciarse el sumario administrativo, se designó a un defensor de otra jurisdicción para que hiciera la investigación. En este caso fue Eduardo Peralta de General Roca, quien concluyó que Arrieta “habría cometido un acto de violencia sexual” en ejercicio de sus funciones. El instructor giró sus conclusiones a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, que fue quien pidió la suspensión de Arrieta y convocó al Tribunal de Enjuiciamiento para que definiera si corresponde la destitución por mal desempeño de sus funciones.
Acusación
“En ejercicio de sus funciones (Arrieta) habría llevado adelante un claro acto de violencia contra una mujer (agravado por tratarse de una mujer vulnerable asistida por el Ministerio Público de Defensa en virtud de su mandato legal) afectando gravemente los derechos fundamentales que protegen la libertad, dignidad e integridad sexual”, dijo la defensora al plantear la necesidad de que Arrieta sea sometido a un proceso de remoción para que se evalúe su responsabilidad política.
Martínez consideró que la “indebida proposición” habría afectado los derechos de la mujer, además de la pérdida de confianza en el ministerio legal, lo que provocó su estado de indefensión.
“La propuesta de leer juntos el legajo en las circunstancias requeridas por el defensor se interpreta desde la óptica del destinatario –la víctima– como una verdadera exigencia a realizar favores sexuales en contraprestación a la debida diligencia en el estudio del caso penal”, indicó Martínez.
Al mismo tiempo, señaló que la negativa a acceder a la propuesta “puede ser interpretada por la persona coaccionada como un riesgo cierto a no contar con una adecuada defensa técnica, con el consiguiente perjuicio de quedar privada de su libertad”. La mujer estaba con arresto domiciliario.
Arrieta niega todo
Consultado por La Voz, Arrieta negó que haya existido la situación denunciada por su defendida y cuestionó el proceso iniciado en su contra. “Es un hecho arbitrario, lo cual no obsta que haya presentado mi renuncia al cargo ante la mínima posibilidad de que se ponga en duda mi corrección en el ejercicio de la función”, dijo.
Arrieta presentó una demanda penal ante el fiscal federal número 2 Gustavo Vidal Lascano contra la defensora Martínez y contra la defensora oficial Mercedes Crespi, una de las personas de la Justicia federal ante quien la mujer expuso la situación y quien documentó su testimonio.
Las acusa de coacción para despojarlo del cargo. Además, pidió la nulidad del proceso contencioso administrativo en su contra. El juez federal Ricardo Bustos Fierro denegó ese pedido y el caso está en la Cámara de Apelaciones.
Arrieta dice que no tuvo la oportunidad de defenderse en el proceso administrativo. Sostiene que si bien hizo un descargo ante el instructor del sumario, eso ocurrió luego de la recolección de la prueba. Y atribuyó la declaración de su defendida a su negativa a que la mujer se acogiera a la figura del arrepentido que ella quería. “Eso enojó a esta señora e hizo que me atribuyera mendazmente una conducta que no he tenido”, dijo.
ME INVITÓ A PASAR UN FIN DE SEMANA EN UNA CASA DE LAS SIERRAS. YO CREO QUE LA INVITACIÓN FUE A RAÍZ DE HABERLE COMENTADO QUE HABÍA TRABAJADO EN UNA WHISKERÍA.