La Justicia indagará a Cristina por el trato con Irán
La audiencia será cuatro días después de las elecciones. El juez Bonadio le prohibió salir del país.
BUENOS AIRES. Cuatro días después de las próximas elecciones legislativas, la expresidenta Cristina Fernández será indagada por el juez federal Claudio Bonadio, en la causa que investiga el posible delito de encubrimiento a los iraníes sospechosos del atentado contra la Amia, en 1994.
El juez federal firmó ayer el llamado a indagatoria de Cristina Fernández, que incluye una prohibición de salida del país.
Además de la candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, también fueron llamados a indagatoria otras 14 personas, como el excanciller Héctor Timerman y dos estrechos colaboradores y exfuncionarios clave de Fernández: Oscar Parrilli y Carlos Zannini. La ronda de indagatorias empezará el 17 de octubre, con Timerman.
Luego irán pasando por su despacho el dirigente de la comunidad musulmana Jorge Khalil; el “espía” señalado por Nisman, pero sin registro en la ex-Side, Ramón Bogado; el exjefe de Quebracho, Fernando Esteche; el político K Luis D’Elía; Eduardo Zuain, exsecretario de Relaciones Exteriores con Timerman; Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado (exfuncionarios de la Cancillería); Alberto D’Alotto, exembajador; Juan Martín Mena, camporista y exfuncionario de la Side; Angelina Abbona, exprocuradora del Tesoro, y Andrés Larroque, exdiputado de La Cámpora. Finalmente, el jueves 26, a las 10, será el turno de Cristina Fernández.
Las citaciones ocurren en medio de una febril actividad en los tribunales. Desde hace dos semanas, cada miércoles se lleva adelante el juicio oral a Julio De Vido por la tragedia de Once. Y desde la semana pasada, el exvicepresidente Amado Boudou asiste cada martes a audiencias del caso Ciccone.
Cinco días antes de ser encontrado muerto en el baño de su departamento, con un balazo en la cabeza, el fiscal Alberto Nisman había denunciado a Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman, entre otros, por intentar encubrir a los iraníes denunciados ante la Justicia argentina.
Según Nisman, esa maniobra, básicamente, se apoyaba en el memorando firmado con Irán, que creaba una comisión de notables para indagar en Irán a los sospechosos. Nisman aseguró que con esto pretendían “bajar” las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los imputados y que habilitan a su detención en cualquier país.
Este punto fue negado al estallar el escándalo por Ronald Noble, titular de Interpol entre 2000 y 2014. Sin embargo, sintomáticamente, pese a que el Congreso argentino había aprobado el cuestionado memorando, luego de que Argentina dijera públicamente que el convenio no incluía la caída de los pedidos de captura de Interpol, el Gobierno iraní perdió interés en el tratado. Fue enviado al Parlamento, pero allí murió.
La denuncia de Nisman fue desestimada judicialmente durante el gobierno K, pero el fiscal General Germán Moldes apeló las desestimaciones y la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir la investigación.