Un flagelo que persiste
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños evoca la promulgación de la denominada “ley Palacios”, sancionada en la Argentina en 1913 a instancias del diputado socialista Alfredo Palacios.
Debemos remontarnos al 1900. Los desequilibrios demográficos existentes en el Río de la Plata y una economía pujante favorecen el movimiento migratorio desde Europa, fortalecido por iniciativas tales como la “ley Avellaneda”, de fomento a la inmigración y colonización.
Este contexto genera condiciones favorables para el crecimiento de una plaza prostibularia en ascenso y, como consecuencia directa, una demanda sostenida de mujeres y niñas provenientes del viejo mundo.
En Buenos Aires, la red de denominada “Zwi Migdal” era manejada por un grupo de proxenetas que lucraban con mujeres y niñas. Fue desbaratada en 1933, como consecuencia de una investigación generada por la denuncia y la lucha de Raquel Liberman, ciudadana polaca que se erigió en defensora de los derechos de las mujeres.
Si bien de manera incipiente hasta 1913, la legislación sobre explotación sexual estaba concentrada en el artículo 19 de la ley 4.189, fue la “ley Palacios” la que extendió la penalización en los casos en que el proxeneta explotaba a mujeres mayores de edad.
Si la persona explotada sexualmente tenía entre 12 y 18 años, la pena que recibía el proxeneta aumentaba de entre 3 y 6 años a 15. La misma condena se aplicaba si mediaba “violencia, amenaza o abuso de autoridad”.
Esta norma se erige en un gran avance contra la explotación sexual, ya que hasta entonces el Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, sólo disponía lo siguiente: “No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad”.
A instancias del diputado socialista Alfredo Palacios, se propone una reforma legal del Código Penal para reprimir la rufianería con toda dureza. Contemplaba entre 3 y 10 años de cárcel para quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres mayores y menores de edad. Consideraba, además, en calidad de coautores sujetos a penas a los dueños de los prostíbulos. Y ponía a las fuerzas de seguridad a cargo del control y de la penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o extranjeros.
De esta manera, la Argentina se colocó en lugar de vanguardia en relación con la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, como afirma Yuri Fedotov, 104 años después “las organizaciones criminales transnacionales continúan explotando las vulnerabilidades, crisis y vacíos legales en cualquier parte del mundo con el objetivo de expandir su alcance y diversificar sus actividades”.
El fenómeno de la globalización es propicio para que organizaciones criminales se aprovechen de los sectores más vulnerables, en una sociedad cada vez más asimétrica, dentro de una comunidad internacional que lejos está de proteger a las personas frente al tráfico y la explotación.
Pese a ello, se reconocen avances durante estas dos últimas décadas, tales como una definición consensuada del delito de la trata de personas (Protocolo de Palermo) o la ratificación de convenciones sobre la delincuencia y corrupción que ayudan a crear un marco propicio para la cooperación internacional.
Es necesario visibilizar la existencia del delito de la trata de personas, en particular contra mujeres y niñas. También exigir del Estado la asunción de las responsabilidades que le caben en materia de asistencia a las víctimas, las cuales se encuentran en un estado de indignidad extrema.
La violencia basada en el género y en la edad son producto de desigualdades estructurales, las que conculcan todos los derechos humanos, como en la trata de personas. Es obligación del Estado proveer los canales y herramientas necesarias para que toda persona pueda ejercer de manera plena los derechos humanos de los cuales somos titulares.