Procesaron a Gils Carbó y el Gobierno le pide que se aparte
Por primera vez, un procurador general quedó sospechado por un juez federal y deberá rendir cuentas por una presunta acción ilegal. Se la acusa por la compra de un edificio para el organismo mediante un ardid, que benefició irregularmente a intermediario
BUENOS AIRES. La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación en el microcentro de la Capital Federal.
El juez federal Julián Ercolini procesó a la Procuradora General por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otros cuatro imputados que participaron de la operación.
Es la primera vez que un Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.
El ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano opinó que “es un hecho muy grave que procesen a la Procuradora y por eso debería pedir licencia”. Y el titular del bloque de Cambiemos en Diputados, el cordobés Mario Negri, sostuvo que la jefa de los fiscales advirtió de que aún cuando faltan instancias de revisión judicial, “el cargo que Gils Carbó ostenta y este procesamiento son mérito suficiente para que dé un paso al costado”.
“Como miembro de la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal pediré a la presidencia de la misma que solicite a la Justicia el auto de procesamiento, de manera urgente, para poder examinarlo; porque la procuradora debe rendir cuentas en el Congreso”, explicó Negri.
La decisión judicial
El 31 de agosto pasado Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las abultadas comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración.
Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, mano derecha de Gils Carbó, resultó medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación.
Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.
Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado.
Sin embargo, Ercolini sostuvo que “existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido” en esta etapa, que “Alejandra Magdalena Gils Carbó –Procuradora General de la Nación– y Guillermo Alfredo Bellingi –subdirector General del mismo organismo– violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera SA –en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios– idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill”.
Ercolini sostuvo que la prueba reunida en la causa “permite considerar que los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, mediante distintas acciones ardidosas”.
Ello, añadió el juez, “con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder”.
El abogado León Arslanian, defensor de Gils Carbó, afirmó que a su clienta se la acusa de un delito imaginario, dijo que le produce estupor la decisión del juez Julián Ercolini de procesarla y remarcó que “genera suspicacias” que se haya adoptado esa medida poco antes de las elecciones. Arslanian, que asumió la defensa la semana pasada, aseguró que la resolución del juez Ercolini “por un delito imaginario, no nos sorprende, pero sí nos produce estupor”.