Injustificada negligencia
Por un problema con la rendición de gastos, la Nación no renovó el convenio con la Municipalidad de Córdoba para financiar el programa Vale lo Nuestro, plan de ayuda alimentaria que tenía unos 55 mil beneficiarios.
No hay precisiones oficiales sobre el tenor del problema. Las justificaciones que se esgrimen –cambio de funcionarios, complejidad de los trámites administrativos, metodología de la Nación para auditar las rendiciones– son insuficientes.
Para que se entienda la cuestión: se perdió una ayuda mensual de apenas 150 pesos por beneficiario y el requisito central para recibirlo era estar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, un subsidio tan pequeño que da vergüenza, y que se entregaba a gente que carece de casi todo, dejó de existir porque la Municipalidad no cumplió con un punto ineludible en los programas de financiación externa: hay que dar cuenta del destino de los fondos recibidos, en tiempo y forma.
Esto es, en definitiva, lo que debemos entender que la Municipalidad no pudo cumplir: entregó tarde los papeles o las cuentas no cerraban de manera convincente. Esto implica, además, que las autoridades nacionales, aunque son del mismo signo político que las municipales, no eligieron amparar a sus cofrades, sino que les hicieron saber que no les renovarían el subsidio.
De ahí en más, las vagas justificaciones esbozadas sólo agravan la situación de la gestión local. Un vericueto burocrático o un cambio de responsables en un área no pueden ser los motivos por los cuales una persona pobre deja de recibir un apoyo del Estado. Estamos frente a una negligencia que denota una insensibilidad mayúscula.
Esa insensibilidad también es responsable de que no se haya actualizado el monto del programa. El Vale lo Nuestro fue creado en 2004 por un acuerdo entre el entonces intendente, Luis Juez, y el ya fallecido presidente Néstor Kirchner, para la entrega de un bolsón específico de alimentos.
Este diario le pidió al Centro de Almaceneros una actualización del costo de aquel bolsón. El resultado es tremendo: por efecto de la inflación acumulada en estos años, los 150 pesos del último aporte del plan sólo alcanzarían para comprar el 22 por ciento de aquellos productos.
En otras palabras, las autoridades municipales no sólo tendrían que haber gestionado como corresponde los fondos recibidos, sino que deberían haber hecho una presentación para que la Nación entendiera la necesidad de cuadruplicar el monto a cada beneficiario.
Ahora, ante el revuelo causado por la noticia, la Municipalidad dice que el subsidio volverá a pagarse en noviembre y que será de alrededor de 300 pesos. Eso no alcanza para acallar las críticas ni para explicar lo sucedido.