Imputan al fiscal Gómez Demmel por abuso de autoridad
Hugo Amayusco impulsa la acción penal contra el fiscal General Adjunto por presunta presión al ayudante fiscal Carlos Vera. La imputación se relaciona con la detención de tres “naranjitas”.
Una nueva imputación involucra al fiscal General Adjunto José Gómez Demmel por presunto abuso de autoridad en relación con la causa en la que fueron detenidos tres cuidadores de autos, conocidos como “naranjitas”.
En este caso, se supone que la víctima de la presión fue el ayudante fiscal Carlos Vera, quien tra- mitaba las actuaciones de los “naranjitas”.
La acción legal –que también apunta a Lucas Crisafulli, redactor del nuevo Código de Convivencia y empleado judicial de confianza de Gómez Demmel– fue promovida por Hugo Amayusco, el fiscal Anticorrupción de la Provincia.
Amayusco le pidió al juez de Control Gustavo Hidalgo que empezara una investigación, porque entiende que ambos funcionarios judiciales incurrieron en abuso de autoridad.
La semana pasada Gómez Demmel ya había sido denunciado por abuso de autoridad por la fiscal Civil, Comercial y Laboral Alicia García de Solvagione.
Sin embargo, en esa ocasión, el fiscal General Adjunto se defendió alegando que no actuaba por interés del Gobierno provincial, sino por preocupación por la constitucionalidad de la nueva ley sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART).
El fiscal Anticorrupción de la Provincia, Hugo Amayusco, promovió una acción penal en contra del fiscal General Adjunto José Gómez Demmel, como así también en contra de su empleado judicial de confianza Lucas Crisafulli, ambos por abuso de autoridad en relación con la causa en la que fueron detenidos tres “naranjitas”.
En la resolución del viernes, conocida ayer, Amayusco le pide al juez de Control Gustavo Hidalgo que inicie investigación penal, por entender que ambos incurrieron en abuso de autoridad.
La solicitud se produjo al final de una tormentosa semana para Gómez Demmel, quien sufrió sendas denuncias de una fiscal Civil y de un ayudante fiscal.
Además del inicio de una investigación administrativa por disposición del Tribunal Superior de Justicia y la intervención del Tribunal de Ética, Amayusco comenzó su cometido en el fuero Penal.
El mismo viernes tomó declaración al denunciante de la segunda causa, el ayudante fiscal Carlos Vera, quien tramitaba las actuaciones de los “naranjitas”.
El 22 de septiembre, policías de la Comisaría 11 trasladaron a la Unidad Contravencional Sur a tres “naranjitas” (dos mujeres y un hombre), quienes trabajaban en la zona del estadio de Belgrano, a la salida del partido contra Tigre.
Estos arrestos habían tenido ese día cobertura periodística. Se los detuvo acusados de violar el artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana, que establece una sanción para quienes no tengan habilitación municipal para trabajar y “exijan” un dinero a cambio del estacionamiento o cuidado de un vehículo.
Pero la misma norma establece que esa sanción no será aplicable cuando el propietario del vehículo voluntariamente entregue una suma de dinero y según su parecer.
Según Vera, eso había ocurrido en este caso, ya que así lo habían declarado las supuestas víctimas, o sea, los propietarios de los autos cuidados por los “naranjitas”.
Por este motivo, sus causas se encaminaban a una absolución, de acuerdo con la óptica de Vera, instructor que actuaba como juez de primera instancia.
A su vez, estos ayudantes fiscales dependen jerárquicamente del fiscal General, Alejandro Moyano.
La denuncia de Vera contra su superior Gómez Demmel consiste en un supuesto “apriete” de este a través de su dependiente Crisafulli. La presión para condenar a estos “naranjitas” se habría producido, pese a la inexistencia de pruebas en su contra. Como el ayudante fiscal se habría negado, Gómez Demmel solicitó su traslado, aduciendo motivos formales, lo que se hizo efectivo días después.
Según la acusación, la causa del supuesto “apriete” sería el interés de Gómez Demmel en quedar bien con la prensa, que estaba preguntando por este caso.
El nuevo Código de Convivencia es uno de los pilares de la política seguida por el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
La prueba en que se sustenta esta acusación consistiría, además de en las declaraciones testimoniales de los ayudantes fiscales, en capturas de pantalla que revelan las conversaciones vía WhatsApp del ayudante fiscal denunciante con el empleado Crisafulli, quien actuaba, según la acusación, como mensajero del fiscal General Adjunto Gómez Demmel.
Dos causas
El caso de los “naranjitas” difiere del denunciado la semana pasada por la fiscal Civil, Comercial y Laboral Alicia García de Solavagione. De este caso, Gómez Demmel se defendió aduciendo que no actuaba por interés del Gobierno, sino que lo hacía por una preocupación institucional en relación con la constitucionalidad de la ley de ART, y que sólo se limitó a pedir informes a su dependiente sobre lo actuado en aquellas causas.
Pero el caso que motivó la actuación del fiscal Amayusco (en un primer momento intervino el fiscal José Bringas) resulta, según fuentes judiciales, de una gravedad aún mayor.
En primer lugar, por intentar, según la acusación, la condena de personas inocentes según la prueba recolectada. Pero en segundo lugar, porque los ayudantes fiscales en materia de Código de Convivencia actúan como verdaderos “jueces”, por lo que ningún funcionario puede impartirles directivas o darles instrucciones.
Por esto, la situación de Gómez Demmel y Crisafulli les resultará, si se comprueban estos hechos, muy difícil de explicar.