Máxima tensión por el futuro cercano de Cataluña
Madrid consideró que Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia. El arresto por sedición de dos figuras clave del independentismo calentó aún más el diferendo.
Un nuevo capítulo de lo que ya es una saga de suspenso, intriga política y, sobre todo, producto de un guion impredecible, se dio ayer en la convulsionada Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a la mañana y a la hora señalada al requerimiento del Gobierno español eludiendo decir claramente si declaró o no la independencia de Cataluña el martes pasado y apeló al diálogo durante dos meses.
La respuesta de Puigdemont llegó a La Moncloa en forma de carta poco antes de que, a las 10, venciera uno de los plazos fijados la semana pasada por el presidente español, Mariano Rajoy. El Ejecutivo de Madrid rechazó por ambiguos los términos de la misiva y avisó que corre el segundo y último plazo para rectificarse, que expirará el jueves.
Unas ocho horas después, el anuncio de la prisión incondicional por sedición de dos de los artífices principales de las masivas marchas y actos en favor de la independencia catalana elevó otra vez las tensiones a su punto máximo. La noticia del encarcelamiento de Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Jordi Cuixart, titular de Òmniun Cultural, fue repudiada de inmediato por las autoridades catalanas y tuvo como respuesta un sonoro cacerolazo en Barcelona y en otras ciudades de la región.
La determinación de Puigdemont plasmada ayer en la mañana pareció clara: reafirmarse en la estrategia que diseñó, sostener la posición y resguardarse la solicitud de un diálogo que no llega, pero en el que insiste como el lenguaje más comprensible para la comunidad internacional.
“El Gobierno lamenta que Puigdemont haya decidido no contestar, porque no era muy difícil decir sí o no; no era complicado. Prolongar la situación sólo favorece a los radicales”, replicó poco después de difundirse la misiva del líder catalán la vicepresidenta española, Soraya Sáez de Santamaría. Y recordó que el requerimiento del Gobierno español daba dos plazos a Puigdemont.
La pelota volvía al tejado de Rajoy, cuyo gobierno ya había hecho saber por activa y por pasiva que el artículo 155 de la Constitución –que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña– estaba a punto de ser llevado al Senado para su aprobación.
Hasta allí el Govern catalán llevaba ganado el relato de la defensa propia en la esfera internacional, lo que se consolidó especialmente después de la represión policial contra el referéndum del “1-O” y las imágenes de violencia contra los votantes difundidas por medios globales. Puigdemont consideró que ello favorecería que al final apareciera la mediación que busca.
Pero el propio Rajoy respondió a Puigdemont también con una carta en la que aludió al plazo del jueves, que parece el definitivo del ultimátum de Madrid. “Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y que el derecho requiere”, afirmó el gobernante y líder del conservador Partido Popular (PP).
Pero cuando la tensión parecía enfocarse en la cuenta regresiva hacia el jueves, un nuevo cortocircuito se produjo tras el envío a prisión provisional y sin fianza de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, por un presunto delito de sedición en relación con manifestaciones celebradas el 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
La Fiscalía pidió para ambos prisión incondicional, tal como lo hizo poco antes por los mismos hechos para el jefe de los Mossos d’Esquadra (la Policía regional de Cataluña), Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. La magistrada dejó a estos últimos en libertad, pero les fijó medidas cautelares como el retiro del pasaporte. La detención de Sànchez y Cuixart derivó en inmediatas críticas de diversos políticos (ver en página 5) y en cacerolazos que podrían repetirse hoy en nuevas marchas.
Ocho segundos, una vida
Son días de confusión y ansiedad en Cataluña. Independentistas y no independentistas se preguntan si la república que se declaró el martes pasado en el Parlamento sigue vigente o si duró sólo ocho segundos. Es difícil decirlo y los ciudadanos siguen conteniendo la respiración.
Cadenas de televisión y portales de noticias exhibían sus relojes de cuenta regresiva para las 10 de la mañana de ayer, cuando expiraba el plazo indicado por el Gobierno español. Pero todo sigue (casi)
igual. De momento, que nadie espere de Puigdemont un movimiento distinto al que realizó en el Parlamento ni una respuesta que satisfaga al Gobierno español. Los contadores volvieron a cero con un nuevo plazo: el próximo jueves, a la misma hora.
El burofax de cuatro páginas (dos de la carta, más otras dos de citas y referencias) enviado ayer desde el Palau de la Generalitat al Palacio de la Moncloa, no despejó ninguna incógnita. El gobierno de Rajoy había hecho la consulta en forma de pregunta binaria sobre si se proclamó o no la independencia de Cataluña. Y advertía de que “cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se consideraría confirmación”. Pero Rajoy pareció decidido a agotar los plazos y aún no darle significado afirmativo a la respuesta de Puigdemont.
El Govern catalán tiene hasta el jueves para rectificar su respuesta. En caso de no hacerlo, Rajoy activaría La autorización para aplicar el artículo 155, con avales.
El gobierno de Mariano Rajoy acudirá al Senado para solicitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Partido Popular (PP) tiene la mayoría absoluta para aprobarlo. Esto abrirá un escenario nunca visto en España, en la más grave crisis de Estado desde el inicio de la democracia, en 1978. “el 155”, un artículo de la Constitución que permitiría la intervención total de Cataluña. El artículo, copiado de la Constitución alemana, es un mecanismo de coerción federal para intervenir ante una autonomía que incumpla deberes o altere el interés general.