Trabas burocráticas y sueños postergados
Los esfuerzos por resolver una crisis habitacional que se agudiza por el continuo incremento de familias con dificultades para acceder a la vivienda propia colisionan muchas veces con la enmarañada burocracia estatal.
Esto, sin dudas, provoca esperas exasperantes de ciudadanos que con mucho esfuerzo accedieron a un crédito para financiar su casa o que fueron beneficiados con un plan habitacional regulado por el Estado, luego de superar las tediosas tramitaciones reglamentarias.
El desarrollo urbanístico de barrio Liceo de la ciudad de Córdoba, que se construyó en el marco del plan nacional Procrear, es un caso de demoras inexplicables: hay 250 casas casi terminadas y unos seis mil inscriptos que aguardan el sorteo para la adjudicación respectiva.
En el mismo predio, se suman otras 300 viviendas cuya construcción está en avance pero que, también, esperarán el sorteo para los miles de anotados.
Las argumentaciones y cruces de responsabilidades por las demoras son animadas por funcionarios nacionales, de la Provincia y de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Desde Procrear, aducen que en varios sectores la obra está prácticamente concluida, pero que las casas no pueden ser entregadas por razones administrativas y de conexión de servicios como agua, luz, desagües y redes cloacales.
La Provincia y la Municipalidad adjudican responsabilidades al poder central por obras de infraestructura que no fueron proyectadas ni ejecutadas y hasta le cargan culpas a la anterior administración nacional por haber diseñado el referido proyecto urbanístico Procrear sin el visado exigido por las autoridades municipales.
En medio de tantos desencuentros que inquietan a los eventuales beneficiarios, se coló otro drama social irresuelto: el riesgo de usurpación de las viviendas.
Un informe, que publicamos el pasado martes, señala que el enorme terreno tiene custodia permanente a cargo de fuerzas de la Gendarmería Nacional y de las policías Federal y Aeroportuaria, por el peligro de ocupación ilegal de los inmuebles.
Y siguen las discrepancias. “La verdadera competencia de seguridad es de la Policía provincial, pero no tuvimos respuesta a nuestros pedidos de mayor involucramiento”, se quejó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y además titular del Procrear, Iván Kerr.
Lo concreto es que este emprendimiento desarrollista continúa estancado, mientras miles de interesados en acceder a esas unidades habitacionales esperan una solución razonable.
Las fuerzas de seguridad en vigilancia permanente para disuadir algunos aprestos de usurpación no son la imagen que esperaban ver los genuinos adjudicatarios.