El futuro de Cataluña, ante un jueves decisivo y de caminos opuestos
El Senado español terminará de delinear la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención a la comunidad autónoma. El Parlamento regional convocó a una sesión plenaria, de la que saldrá la respuesta a Madrid. La independencia unilateral
Cataluña inició otra semana clave, en la que su futuro inmediato puede quedar marcado por alternativas tajantes y opuestas, que abrirán, en cualquier caso, escenarios inéditos e impredecibles. Una de esas alternativas es la intervención de la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Madrid, que ya remitió al Senado español los alcances que pretende dar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución del Estado.
El Senado comenzó a analizar ayer la propuesta remitida por el presidente español, Mariano Rajoy, quien la anunció el sábado pasado. El pronunciamiento de la Cámara Alta, que se descuenta será favorable a la intervención, sería anunciado el viernes y habilitaría al Palacio de la Moncloa a adoptar medidas extremas. Entre ellas figuran subordinar las decisiones del Parlamento catalán al veto de La Moncloa y la destitución de todas las autoridades de la Generalitat, encabezadas por su presidente, Carles Puigdemont.
El jefe del Govern regional adelantó ayer su intención de acudir al Senado, en Madrid, a exponer la posición de Cataluña, algo que la ley prevé antes de que se autorice una acción que nunca se aplicó en la historia democrática del país.
Pero desde la capital peninsular hicieron saber a Puigdemont que podría exponer sus argumentos recién el jueves en la tarde, sobre el filo de los plazos para que el Senado se expida. Además, para este mismo jueves, el Parlament regional convocó a una sesión plenaria en la que se daría la respuesta a Rajoy, apoyado por el Partido Socialista y Ciudadanos, de aplicar el 155. Esa respuesta podría ser la declaración formal de independencia, a la que Puigdemont invocó y dejó en suspenso en la sesión del 10 de octubre.
Ayer, el jefe parlamentario y uno de los voceros del independentismo, Lluis Corominas, volvió a acusar al Gobierno español de “actuar como una dictadura” y advirtió en Barcelona que la activación del 155 será “un acto de violencia institucional sin precedentes”.
Desde Madrid, en tanto, la vicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que una vez que el Senado nacional apruebe la activación del 155, este entrará en vigor de inmediato. “Puigdemont no tendrá más salario, no tendrá más firma presidencial y, por lo tanto, no podrá tomar más decisiones oficiales y legales”, dijo la vicepresidenta. “Son presidente y las principales figuras del gobierno regional debido a la Constitución. Sus mandatos no previenen de una autoridad divina”, sentenció la funcionaria.
Para el caso de que hubiera una declaración unilateral, no se espera que ningún país europeo reconozca una “república catalana independiente”. En cambio, podría costar caro a Puigdemont: el fiscal del Estado, José Manuel Maza, afirmó el fin de semana que prepara para ese caso una denuncia contra el presidente de la Generalitat por rebelión, delito penado con hasta 30 años de cárcel.
Pese a las amenazas de sanciones inminentes, en el independentismo hay quienes redoblan la apuesta. Así, los aliados anticapitalistas de Puigdemont, de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), llamaron ayer a una “desobediencia civil masiva” y a “una lucha no violenta” contra todas las instancias que representan y responden al Estado español. Horas después, grupos de estudiantes convocaron a una nueva jornada de huelga y protestas, para acompañar a la sesión del Parlamento.