Vega: No sólo hay corrupciónenelpaís, hay impunidad
El Colegio de Abogados de Córdoba le encomendó un análisis y la contextualización del trabajo estadístico elaborado por Economic Trends a una comisión que integró el entonces director de la Sala de Derechos Humanos de la institución, Juan Carlos Vega, quién ofreció sus conclusiones.
–¿Qué interpretación hace del estudio del Colegio de Abogados?
–A modo sintético, queda claro que la corrupción es una situación endémica que arrastra a la democracia argentina y al propio Poder Judicial. Córdoba no es la excepción. Se podrá decir que en todos los países hay corrupción y habrá quienes digan además que es propio de la naturaleza humana, pero en nuestro país no sólo hay corrupción, hay impunidad. Máxime en los delitos del poder. Como se cita en el trabajo que realizamos junto a María Inés Bergoglio y Gastón Utrera, un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica encontró que en Argentina un proceso judicial por corrupción dura, en promedio, 14 años y el índice de condena es del cuatro por ciento. El trabajo del Colegio de Abogados viene a corroborar una percepción de desconfianza sobre el Poder Judicial.
–¿Cuáles son las causas generales de ese fenómeno?
–La lentitud de la Justicia está causada por una ideología judicial muy poco propensa a juzgar y controlar los abusos del poder. Honoré de Balzac en el siglo XIX muestra en su literatura como ejemplos de la decadencia moral de una sociedad a los denominados “jueces del poder”. En Argentina en 2017 hay, sin duda, jueces honestos y probos, pero el modelo dominante en la Justicia, especialmente en la Justicia federal, es el de Balzac. Además, como afirma María Inés Bergoglio, la impunidad aquí es endémica en términos sociológicos: sus raíces son legales, judiciales y culturales. De allí que ninguna de las medidas de carácter legislativo adoptadas hayan sido eficaces.
–¿De cuáles habla?
–De todas. De nada sirvieron los aumentos punitivos masivos como las leyes Blumberg en términos de seguridad ciudadana. Tampoco las modificaciones a las leyes de lavado de activos en 2011, ni las modificaciones al Código Procesal Penal, ni de la Ley del Ministerio Público, ni del Consejo de la Magistratura. Todo eso fue inútil en términos de lucha contra la corrupción. Hasta el año 2013 lle- vábamos 24 reformas del Código Penal y 19 del Código Procesal Penal. Son cambios aislados. Gatopardistas, le diría.
–¿Y qué entiende que se debe hacer?
–En el trabajo que hicimos no nos quedamos con el diagnóstico y hacemos un conjunto de propuestas. Se impone el dictado de una única ley que modifique de manera simultánea toda la legalidad que frena y obstaculiza la lucha contra la corrupción.
Costo económico
El análisis de la comisión de estudio citó datos sobre el costo de la corrupción en Argentina, tanto de modo directo (el dinero que se llevan funcionarios o gastan en campaña) como de modo indirecto (devenidos de la asignación ineficiente de recursos).
“La corrupción directa estimada le costó a la Argentina de 2004 a
2014 unos 20 mil millones de dólares, si consideramos que ese es el
15 por ciento de la obra pública total. Pero, además, el costo indirecto –a partir de una matriz econométrica científica del economista Paolo Mauro– arroja una cifra cinco veces superior. La corrupción tiene un impacto concreto en el PIB per capita: casi mil dólares por año. Si no hubiera corrupción, cada argentino, como sujeto promedio, tendría mil dólares más por año”, advierte Juan Carlos Vega, citando al economista Gastón Utrera.
“LA IMPUNIDAD ES ENDÉMICA. SUS RAÍCES SON LEGALES, JUDICIALES Y CULTURALES”.