Un servicio ilegal de alto riesgo
La mayoría de las muertes de personas que se contabilizan por accidentes de diversa naturaleza abren a menudo un encendido debate sobre las responsabilidades que somos capaces de honrar en resguardo de la salud y de la vida.
Son las catalogadas “tragedias evitables”, que con frecuencia engrosan las listas de personas fallecidas o que sufren graves secuelas físicas de por vida.
El involucramiento de los organismos estatales de control ayudará a bajar los índices de mortalidad por accidentes involuntarios. Pero no habrá progresos en esa batalla mientras prevalezca la irresponsabilidad de los propios ciudadanos.
Un caso de riesgo que ha cobrado dimensión en los últimos años tiene que ver con la proliferación de talleres clandestinos que se ocupan del montaje del sistema de gas natural comprimido (GNC) en vehículos particulares.
El desmadre movió al Ente Regulador del Gas (Enargas) a advertir que hay miles de vehículos propulsados por GNC que circulan por calles y rutas de todo el país con la documentación exigida apócrifa, entre ellas las obleas.
Resultan elocuentes, y a la vez son motivo de reflexión, las afirmaciones que hizo a este diario un mecánico cordobés que trabaja dentro de la legalidad desde hace 25 años: “Son verdaderas bombas de tiempo móviles”.
Hay razones para reiterar que se trata de una flagrante irresponsabilidad compartida: por un lado, el tallerista que opera una mecánica de alta precisión con dudosa especialización y sin título habilitante; por otro, el usuario, que de manera temeraria contrata un servicio que de antemano sabe que es ilegal y de altísima peligrosidad.
Los despachantes de las estaciones de servicio con GNC conocen la autenticidad de las obleas que la autoridad de control visibiliza en el parabrisas de un vehículo (y si la desconocen, tienen que ser asesorados), lo cual debe obrar como medida para negarles el suministro a los infractores.
En la provincia de Córdoba, hay unos 280 mil automóviles habilitados para funcionar con GNC. De ese total, algo más de cinco mil corresponden a unidades de alquiler, como taxis y remises, además de 2.700 camionetas y utilitarios.
Si a ese fárrago se suman las 275 estaciones habilitadas para vender GNC, alarma la sola posibilidad de que semejante mercado pueda quedar a expensas de conductas negligentes, tanto de los que trabajan al margen de las normas como de los usuarios que apañan un negocio espurio y de riesgo por un mero interés ahorrativo.
De hecho, los controles oficiales deben ser parte de una política de Estado, como herramienta crucial para prevenir antes que lamentar tragedias y pérdidas de vidas ya consumadas.