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Luego del triunfo electoral, el oficialismo diseñó una ambiciosa agenda parlamentaria, con llamado a sesiones extraordinarias. De este modo, retomará la iniciativa para desplazar mediante juicio político a la procuradora General de la Nación y referente
BUENOS AIRES. Fortalecido por el triunfo electoral y con un guiño de la Justicia, Cambiemos ya diseñó una ambiciosa agenda parlamentaria para lo que queda del año, con convocatoria a sesiones extraordinarias, en la que buscará sancionar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal (MPF) para remover a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
“La vamos a impulsar este año”, confirmó, en diálogo con periodistas parlamentarios, un diputado del oficialismo con línea directa con la Casa Rosada.
De esta manera, Cambiemos retomará la iniciativa de desplazar a la referente de la agrupación kirchnerista de magistrados Justicia Legítima del cargo de jefa de los fiscales federales.
En octubre del año pasado, todo estaba listo para darle media sanción a la reforma del MPF, pero la iniciativa se frustró luego de que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cuestionó el proyecto de ley del propio oficialismo.
La fundadora de la alianza Cambiemos planteó entonces su desacuerdo con el recorte de facultades al procurador, independientemente de que se tratara de Gils Carbó, al igual que con el excesivo poder que se le otorgaba a la comisión bicameral de seguimiento del MPF (presidida por la massista Graciela Camaño, con quien tiene mala relación), y con la duración del mandato –es vitalicio– establecida en la iniciativa, de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cinco años. Ella quería que fueran 10.
Acusación
El presidente Mauricio Macri no quiere a Gils Carbó como procuradora. El oficialismo la acusa de haber obstaculizado la investigación por presunto lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner; también de la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al frente de la cual puso al cordobés Carlos Gonella, un abogado que no era fiscal y que había sido designado de manera regular. Renunció en abril de 2016.
Además, a Gils Carbó se la cuestiona por la discrecionalidad en los concursos para seleccionar fiscales y por la cobertura de cargos sensibles con fiscales que concursaron y fueron seleccionados para otras jurisdicciones, como las de General Pico (La Pampa), Goya (Corrientes), Tartagal (Salta) y la capital de Santiago del Estero, y que terminaron siendo nombrados como titulares de fiscalías federales en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
Vía institucional
Con la nueva reforma del MPF, Cambiemos no sólo se propone acortar el mandato del procurador, sino también echar a Gils Carbó por la vía del juicio político.
Algunos oficialistas, como el macrista Pablo Tonelli, son partidarios de que el Presidente la remueva por decreto. Pero otros, como Carrió o el radical Mario Negri, creen que la solución insti- tucional está en el Congreso.
El proyecto de ley que volteó Carrió hace un año contaba con las firmas de Cambiemos, del massismo, del Bloque Justicialista y del socialismo, entre otras bancadas opositoras. Para este nuevo intento de reforma, el oficialismo espera volver a contar con el respaldo de estas bancadas.
Guiño judicial
El oficialismo volverá a la carga contra Gils Carbó no sólo por el mayor número de bancas que obtuvo tras la victoria electoral, sino también por un fallo judicial que declara inconstitucional el mecanismo de remoción del procurador General de la Nación, establecido en la actual ley orgánica del MPF.
Dos días antes de las últimas elecciones, el juez Pablo Cayssial, jefe del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Fede- En el Gobierno buscan facilitar la opción del juicio político.
Cambiemos entiende que, aunque el fallo del juez Pablo Cayssial fue apelado por Gils Carbó y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ya no es necesaria la mayoría de dos tercios para remover a la procuradora, lo que le facilita el trámite de juicio político. Pero, antes de impulsarlo, buscará reformar este año la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Gils Carbó asumió en agosto de 2012 en lugar de Esteban Righi. ral N° 9, declaró inconstitucional la ley orgánica del MPF, que establece el procedimiento de juicio político como mecanismo para remover al procurador.
Mal desempeño
El artículo 53 de la Constitución nacional establece que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes” con los dos tercios de los presentes en el recinto.
Y el artículo 59 dispone que “al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados” y estos serán declarados culpables también con “la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.
La actual ley orgánica del MPF establece que el mecanismo de remoción del procurador sea equiparable al de los jueces de la Corte, presidente y vice y ministros. Esto es lo que fue declarado inconstitucional por el juez.