Un cepo a la discriminación sexual
Los recurrentes episodios de maltrato policial, abusos y discriminación de distinta índole que sufren miles de personas por su orientación sexual van a contramano de las leyes y normas de convivencia ciudadana que propician el respeto por la identidad y la diversidad de género.
Se trata de un fenómeno mundial del cual la Argentina no es ajena, a la luz de las crónicas que dan cuenta de acciones represivas polémicas y desmesuradas, como la que ocurrió días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando una joven pareja de lesbianas fue detenida por besarse en una estación de subte.
Como derivación directa de esa controversia, que tuvo una pronta y profusa repercusión pública, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró un protocolo para el registro o detención de personas pertenecientes al grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
El protocolo entró en vigor desde su reciente publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación obligatoria para todo el personal uniformado y civil que reviste en las fuerzas policiales y de seguridad de la órbita federal.
Es decir, queda claro en el reglamento que se trata de una disposición federal que, en principio, no tiene injerencia de aplicación sobre el accionar de las policías provinciales.
Cabe apuntar que el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba especifica que “todas las personas recibirán de la autoridad la misma protección y trato, sin que puedan ser afectadas por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio”.
Más precisa, la resolución refrendada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señala que la detención de personas del referido colectivo LGBT (se descuenta que un eventual arresto se librará con fundamentos inequívocos y no como la polémica situación vivida en la estación de subte porteña) deberá ser realizada por “personal femenino”.
Subraya, además, que en todos los casos el registro o el arresto se realizarán resguardando la integridad física y respetando los derechos personalísimos. Y establece que “la persona detenida será alojada según el género autopercibido en una celda individual, en tanto exista riesgo para su integridad, dignidad u otros derechos”.
Se trata de un avance significativo en bien de forjar la convivencia sin estigmas, además, queda claro, de respetar la vida privada y la dignidad de las personas.
Pero es cierto también que un protocolo indicativo policial no será suficiente mientras prevalezcan en sectores de la sociedad comportamientos que se fundan en oxidadas culturas discriminatorias, prejuicios y condenas reaccionarias.