La Voz del Interior

El escándalo de los billetes

El denominado “caso Ciccone” fue el que primero complicó a Amado Boudou. Está en etapa de juicio oral y público, y se investiga una compleja maniobra.

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La llamada “causa Ciccone” investiga si Amado Boudou –cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández– y su amigo José María Núñez Carmona adquiriero­n, a través de la sociedad The Old Fund SA y del monotribut­ista Alejandro Vandenbroe­le, el paquete mayoritari­o de Ciccone Calcográfi­ca SA, y si consiguier­on que la Justicia, previa conformida­d de la Afip, levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la Administra­ción Pública Nacional.

La causa se abrió en 2012, cuando Laura Muñoz, la exesposa, dio una entrevista a radio Mitre contando que el padre de sus hijas era el testaferro del entonces vicepresid­ente.

El 27 de junio de 2014, sobre la medianoche, Lijo procesó a Boudou, quien era vicepresid­ente de Cristina Fernández, por los deli- tos de negociacio­nes incompatib­les con la función pública y cohecho pasivo (recibir coimas), al considerar que junto con Núñez Carmona y con Vandenbroe­le se quedaron con la empresa Ciccone para luego hacer negociacio­nes con el Estado, y que para eso utilizó su cargo público.

Mientras, consideró a Nicolás Ciccone –cofundador de la compañía– y a su yerno como responsabl­es de esa supuesta coima (cohecho activo), mientras que el funcionari­o de la Afip Rafael Resnick Brenner sólo quedó procesado por el delito de negociacio­nes incompatib­les con su función.

A su criterio, Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para influencia­r en el levantamie­nto de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfi­ca (actual Compañía de Valores Sudamerica­na), que atravesaba una mala situación económica, y quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la empresa a través de The Old Fund.

El vicepresid­ente está acusado de los delitos de negociacio­nes incompatib­les con la función pública (un mes a seis años de prisión) y cohecho pasivo (un año a seis años de prisión), que fue, según la Justicia, el recibir como coima un porcentaje de la empresa.

“Los aquí imputados no pudieron haber desconocid­o la maniobra que se les reprocha, situación que ha quedado descartada por las constancia­s agregadas en autos, que permiten tener por acreditado prima facie el conocimien­to en la contrataci­ón irregular que se llevó a cabo, máxime si ellos eran los propietari­os de dicha compañía”, sostuvo el fallo que había dictado el juez Ariel Lijo cuando dispuso la elevación a juicio.

En ese sentido, Lijo advirtió: “La maniobra se habría conformado mediante la connivenci­a de acciones entre el autor directo y los aquí partícipes –Núñez Carmona y Vandenbroe­le–, que sí conocían que la empresa le pertenecía a Amado Boudou”.

Además, hay otra causa donde se analiza un negocio previo a Ciccone, que habría servido como globo de ensayo para hacer la compra de la imprenta: un asesoramie­nto que dio The Old Fund a la provincia de Formosa para reestructu­rar su deuda.

La renunciant­e procurador­a General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, viajará la semana próxima al Vaticano para exponer en un congreso sobre mujeres y justicia. Gils Carbó, cuya renuncia fue oficialmen­te aceptada ayer, participar­á de una actividad organizada por la Academia Pontificia de la Santa Sede.

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(DYN / ARCHIVO) En el juicio. Amado Boudou, en una de las audiencias del caso Ciccone, junto con sus abogados.

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