El rostro sonriente de un histórico desvarío
Quienes sostienen que el juez Ariel Lijo aceleró indebidamente sus tiempos para detener a Amado Boudou deberían recordar que la decisión inicial de indagar al exvicepresidente por la causa Ciccone fue tomada en mayo de 2014.
Tres años después de que Boudou asumiera el más alto cargo institucional que ocupó y de que trascendieran las primeras versiones de su actuación irregular en el caso.
Y el juicio oral y público se concreta en estos días, tres años después de aquella indagatoria inicial.
Boudou ha quedado detenido por otra causa –la que se le sigue por enriquecimiento ilícito– que está directamente vinculada con el caso Ciccone.
La prueba documental relevada muestra el itinerario de activos de adquisición injustificada, blanqueados por la amnistía tributaria que dispuso el kirchnerismo en 2009 y derivados a una sociedad conformada por Boudou con los mismos protagonistas que luego serían compradores de la imprenta Ciccone.
Empresa que fue objeto de una compra hostil mientras negociaba una moratoria impositiva con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Con el entonces ministro de Economía –un tal Amado Boudou– como amable gestor de buenos oficios.
Esos vínculos de Boudou con sus socios, que aparecen en la causa por enriquecimiento ilícito que el juez Lijo investiga, son los mismos vínculos que Boudou todavía insiste en negar con contumacia en el juicio del caso Ciccone. Instruido y elevado a debate por el mismo juez.
Y quienes sostienen que los argumentos para resolver la detención son insuficientes porque Boudou es ahora una especie de estrella en desgracia, en soledad y sin recursos –y por lo tanto sin ninguna posibilidad de entorpecer una investigación judicial o eludir la acción de la Justicia– deberían escuchar a los dos principales abogados defensores que ayer identificaron la detención de Boudou con el derrumbe irreversible del Estado de Derecho.
Uno de esos voceros legales fue la senadora electa por la provincia de Buenos Aires y a la sazón expresidenta de la Nación durante dos períodos consecutivos, Cristina Fernández de Kirchner.
El otro, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia e integrante actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni.
No parecería ser tan cuantioso el número de detenidos por delitos comunes que tienen moviendo influencias en su favor a patrocinantes de ese calibre.
De modo que el razonamiento judicial de un riesgo de gestiones ocultas para entorpecer deliberadamente los procesos contra Boudou no suena tan descabellado como dicen sus críticos.
En cambio, no surge ninguna razón atendible para que el juez haya permitido la difusión del video registrado durante la detención de Boudou en su domicilio.
El principio de justicia republicana nació y debe persistir siempre como lo opuesto al escarnio deliberado.
Es una de las reflexiones que queda como cuenta pendiente en un país que anda a los barquinazos entre la impunidad y la inquisición.
Pero no es la más profunda de las reflexiones irresueltas.
Resta responder todavía cómo y por qué el país entró sin ningún recaudo en el desvarío histórico de elevar a un personaje oscuro, fabulador e improvisado a la segunda magistratura de la República.