Una orden de arresto cerró el cerco sobre el líder catalán secesionista
Una jueza española dictó la detención de Puigdemont, quien ayer seguía en Bruselas. Bélgica debe responder a la orden judicial con un proceso de extradición que podría durar 60 días.
MADRID. La Justicia española emitió ayer una orden de detención europea y otra internacional contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exmiembros de su Gabinete que se encuentran con él en Bélgica, lo que abrió un nuevo frente en el conflicto de secesión de Cataluña.
Al cierre de una nueva jornada con la expectativa centrada en el terreno judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela libró las órdenes de detención que había solicitado la Fiscalía contra Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret. Ninguno de ellos se presentó el jueves a declarar en calidad de imputados por delitos relacionados al plan secesionista.
La jueza, que rechazó el pedido de los acusados de declarar desde Bruselas, emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (Oede) dirigida a Bélgica y una orden de captura nacional e internacional.
A los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que figuran en la querella de la Fiscalía contra todo el Gobierno catalán destituido, Lamela sumó los cargos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricato.
“Seré candidato”
La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista desde Bruselas que estaba “dispuesto a ser candidato” en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso “desde el extranjero”.
Además, explicó que se encuentra en la capital belga para “preparar su defensa” y que desea comparecer ante la “verdadera Justicia, la Justicia belga” y no la Justicia española que “evidentemente está politizada”.
Bélgica deberá responder a la orden judicial, lo que llevará a la detención del expresidente y sus exconsejeros y la apertura de un proceso de extradición, con un plazo máximo estipulado de 60 días.
El juez belga que llevará el caso es el único que tiene la potestad de decidir si los acusados quedan en libertad mientras se tramita el expediente, en el que analizará los argumentos jurídicos de la querella para resolver si los extradita.
Los delitos de rebelión, sedición y malversación por los que se investiga al exgobierno catalán tras la declaración de independencia del 27 de octubre conllevan penas de hasta 25 años de cárcel.
El jueves, la jueza ya había dictado prisión sin fianza para ocho de los nueve miembros del Gobierno catalán que acudieron a la citación, entre ellos el depuesto vicepresidente Oriol Junqueras.
La excepción fue Santi Vila, para quien fijó prisión eludible con una fianza de 50 mil euros en efectivo. El exconsejero pagó y ayer fue liberado de inmediato.
La normalidad no vuelve
La decisión judicial de enviar al depuesto gobierno catalán a prisión amenaza con dinamitar el intento del Gobierno español de que los comicios sirvan para “devolver la normalidad” a la norteña región, inmersa en un conflicto de secesión que abrió la peor crisis política e institucional en 40 años de democracia en España.
En pleno reordenamiento de fuerzas, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó excarcelar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de dos organizaciones proindependentistas, quienes fueron enviados a prisión por un presunto delito de sedición.
Miles de manifestantes volvieron ayer a salir a las calles en Barcelona y otras ciudades de Cataluña para pedir por su libertad y la de los miembros del Gobierno destituido al grito de: “No es justicia, es una dictadura”.