Opositores sembraron sospechas en la licitación de Kolektor
García Elorrio y Quinteros dijeron que fue un traje a medida de la actual adjudicataria. Fue la sesión más caliente del año. Hubo denuncias verbales de corrupción y fuertes respuestas por parte del oficialismo.
Los pronósticos no fallaron. La licitación pública por la gestión del cobro de impuestos en la provincia, que tiene a Kolektor (con otro nombre) como único oferente, generó ayer la sesión más caliente en la Legislatura. La oposición sembró sospechas de corrupción, mientras que el oficialismo archivó el pedido de informes.
El legislador Aurelio García Elorrio (vecinalista) presentó días pasados un pedido de informes, que ayer se trató en el recinto.
Precisamente, el parlamentario opositor fue quien abrió el debate, con un discurso durísimo en contra del Gobierno provincial y todas las gestiones peronistas.
“Kolektor es el último nivel de la corrupción en Córdoba. En la obra pública provincial se paga un cinco por ciento de coima. El segundo escalón son las consultoras y después viene Kolektor”, dijo García Elorrio, mientras los legisladores peronistas hacían gestos de disgusto por la grave acusación del dirigente vecinalista.
El juecista Juan Pablo Quinteros, otra de las voces críticas del oficialismo, también le apuntó a la supuesta falta de transparencia de la licitación.
“El juez federal (Sebastián) Casanello imputó a 29 personas por una licitación direccionada en Buenos Aires, entre ellos, el ministro Fabián López. Ojo, la Justicia federal está cambiando. Si pasa algo parecido en Córdoba, pueden tener problemas, porque esta licitación fue un traje a medida de Kolektor”, disparó el legislador del Frente Cívico, marcando lo que puede ser una posible presentación judicial, si finalmente la adjudicación queda en manos de Servicios y Consultoría SA, la nueva denominación de lo que hoy es Kolektor.
La Provincia tiene 10 días hábiles para confirmar la adjudicación a la única empresa que se presentó o declarar desierta la licitación. Esto último no ocurriría.
El radical Miguel Nicolás también abonó la teoría de la falta de transparencia en este proceso licitatorio, con una frase que generó gestos adustos entre los peronistas.
“Hace 18 años que gobiernan la provincia. Hace 12 años que tienen a una empresa privada que les cobra los impuestos, y mal. Entonces, además de corruptos, son todos unos inútiles”, dijo el legislador radical, a los gritos.
La primera defensa no vino del PJ. El cristinista Martín Fresneda anunció la abstención del bloque Córdoba Podemos, con fuertes críticas a sus pares opositores.
“No traigan a la Justicia penal a este recinto de debate político. Dejen de hacer denuncias infundadas. Si tienen alguna prueba, vayan a Tribunales. No sean tan poco serios”, dijo el exsecretario de Derechos Humanos de la presidenta Cristina Fernández.
Para quienes leen entrelíneas, llamó la atención la ausencia de la legisladora Liliana Montero, que integra el bloque de Córdoba Podemos, que habitualmente comparte posiciones críticas hacia el PJ con García Elorrio y Quinteros.
Desde el oficialismo, el legislador Manuel Calvo fue el encargado de defender la posición del Gobierno provincial.
“Lo primero que quiero agradecer es la paciencia de mis colegas peronistas que aguantaron una andanada de insultos, sin ningún fundamento. Hablan de corrupción y no presentan ninguna prueba. Se convocó a una licitación internacional, que cumple todas las normas de la administración pública. Pido cerrar este debate y archivar este pedido de informes”, dijo el dirigente peronista.
Faltaba el último cruce. Tomó la palabra el presidente del bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, quien le respondió a García Elorrio. Lo acusó de fariseo (“hipócrita, que finge una moral”, una definición que Jesús le destinó a una porción de judíos).
García Elorrio, católico militante, dijo sentirse ofendido por Gutiérrez. Plantó una cuestión de privilegio, para pedir una sanción al legislador peronista, cuestión que fue rechazada.
CUANDO LA ADJUDICACIÓN DE RENTAS QUEDE FIRME, LEGISLADORES OPOSITORES PODRÍAN RECURRIR A LA JUSTICIA.