La “clínica de la marihuana”, en la Cámara de Acusación
El juez de Control dio lugar a una apelación del fiscal antidrogas, quien se había opuesto a que el caso pase al fuero federal. La causa tiene ocho detenidos. Entre ellos, su impulsor: el oftalmólogo Carlos Laje.
Al quedar trabada la cuestión de competencia entre el fiscal de Instrucción Móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, Raúl Ramírez, y el juez de Control de Villa Carlos Paz Daniel Strasorier, la Cámara de Acusación de Córdoba resolverá la cuestión de competencia de la causa de la “clínica de la marihuana”, creada por el médico oftalmólogo Car- los Fernando Laje Vallejo.
Diez días atrás, Strasorier había declarado la incompetencia de la Justicia cordobesa para entender en esta problemática y admitió el planteo de los defensores de Laje, Benjamín Sonzini Astudillo y Facundo Amoedo, para que la causa pase a la órbita federal.
No obstante, el lunes el fiscal Ramírez apeló la decisión. Strasorier declaró “formalmente admisible” el recurso y, al quedar trabada la cuestión de la competencia, quien debe decidir este entredicho es el superior en común, que es la Cámara de Acusación.
Ante esto, rige el “efecto suspensivo” y, por ello, el expediente vuelve a manos de Ramírez.
“Cuestiones urgentes” También el juez seguirá analizando la causa. Strasorier deberá definir las “cuestiones urgentes” que le plantearon los defensores en cuanto a las privaciones de libertad. Por ejemplo, Sonzini Astudillo reclama la libertad de Laje, mientras que José D’Antona viene pidiendo por la prisión domiciliaria de su clienta, Paola Jordana Toranzo, quien padece un cuadro de fibromialgia.
Sonzini Astudillo y D’Antona expresaron su disconformidad con el juez porque las “cuestiones urgentes” no fueron definidas en la primera resolución. El efecto suspensivo de la medida le permite al magistrado resolver esos planteos en los próximos días, más allá de lo que demore la Cámara de Acusación en pronunciarse.
Además de Laje y Toranzo, en la causa están detenidos Toribio Aragón, Jorge Augusto Asís, María Paula Culaciati, Héctor Walter Mariño, Fernando Moroni y Fernanda Daniela Moyano. Y está prófuga Gimena Ruz. Sobre ellos pesan las imputaciones de “comercialización de estupefacientes” y “confabulación para la comercialización de estupefacientes”.
Mientras el juez coincide con las defensas en que la causa debe pasar a la Justicia federal, Ramírez apeló porque entiende que hay un modo de comercialización de pequeñas dosis en el ámbito local, que es competencia de la Provincia (narcomenudeo).
El fiscal reconoce que hay envíos de cantidades mayores de aceite de cannabis a otras jurisdicciones que sí deben ser investigadas por el fuero federal, pero que a los Tribunales locales se les deben reservar los otros casos.
La diferencia de opinión entre el fiscal y el juez de Control será resuelta por los jueces de Acusación Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.