La única duda sobre el pacto fiscal son los ingresos provinciales
El Gobierno nacional pretende que el jueves los gobernadores firmen el acuerdo. Las provincias temen no poder compensar las pérdidas por Ingresos Brutos y Sellos.
Son arduas las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias para coronar con un acuerdo las reformas fiscales que pretende el presidente Mauricio Macri.
El objetivo de máxima de la Casa Rosada es que los gobernadores firmen este jueves, aunque desde la administración nacional admiten que podría demorarse, porque los mandatarios provinciales aún no están convencidos de que podrán compensar las pérdidas por Ingresos Brutos y Sellos.
En el centro de las conversaciones se encuentra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien ayer envió al Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria. El encargado de negociar por parte del Gobierno central es optimista respecto del acuerdo y afirmó que el “diálogo viene bien”, aunque insistió en que las provincias deben sumarse al esfuerzo de la Nación para que el gasto público no supere los índices de inflación.
Hay otro punto conflictivo por resolver: las 56 demandas cruzadas con la Nación por una suma de 340.000 millones de pesos que el Presidente pidió que pasen de los tribunales a una mesa de negociación política. Pero los gobernadores no quieren llegar a las elecciones de 2019 con las arcas vacías.
El Gobierno afirmó que “vienen bien” las febriles negociaciones con los gobernadores para llegar al jueves con un acuerdo fiscal sellado y defendió la “ambiciosa” reforma tributaria que envió ayer al Congreso y cuyo proyecto de ley no mostró sorpresas.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se ocupó el fin de semana de aclararles a los gobernadores que tenían interrogantes cómo se aplicará la compensación a Buenos Aires cuando se extinga el Fondo del Conurbano Bonaerense.
Macri quiere estampar la firma el jueves, pero en la Casa Rosada ya admiten que podría demorarse. La mayor duda de las Provincias es si se podrá compensar una pérdida por Ingresos Brutos y Sellos.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue claro ayer: “Hay ánimo de diálogo”, dijo. Pero agregó que son muchos temas por cerrar en pocas horas. Y habló del riesgo de una “pérdida de autonomía tributaria de las provincias”.
Otra posible tormenta son las 56 demandas cruzadas con la Nación por 340.000 millones de pesos que Macri les pidió que bajen de los tribunales. 2019 será un año electoral y los gobernadores temen llegar con sus cajas exhaustas.
Los mandatarios peronistas estuvieron cruzando llamadas ayer para tomar una posición común: que el Gobierno detalle la reforma previsional que pretende y que acepte incluir una solución antes de 2019 para las cajas previsionales, que absorben unos 15.000 millones de pesos al año.
Frigerio es optimista: “El diálogo viene bien”, dijo. Y aclaró que él busca que las provincias se “sumen al esfuerzo” de la Nación para atar el gasto público al índice de inflación y reducir el déficit. Por ello, insistió en que el “consenso fiscal” es crucial.
Al defender a la bonaerense María Eugenia Vidal, por los
40.000 millones de pesos que recibirá en 2018 y los 65.000 millones en
2019, Frigerio dejó entrever que eso no será negociable, puesto que no implica un impacto para las provincias.
Antes de fin de año
Macri está apurado y quiere arrancar 2018 con las reformas tributaria y laboral aprobadas por el Congreso. Estará en la segunda mitad de su mandato y se ve obligado a que aumenten las inversiones privadas para remontar los indicadores que han mostrado brotes verdes, pero que no despejan dudas sobre la sostenibilidad.
Tal como lo había anticipado, ayer por la tarde hizo ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria, un texto de 220 páginas y 12 capítulos que no mostró sorpresas respecto de lo que ya se conocía.
Se confirman el impuesto del 17 por ciento a las bebidas azucaradas, cambios en Ganancias, IVA, seguridad social y otros varios tributos; cambios al régimen penal tributario y más presión fiscal a los combustibles y a los cigarrillos.
A partir de 2018, por ejemplo, tendrán que pagar el 21 por ciento de IVA la provisión de servicios de internet, el acceso o la descarga de imágenes, de texto, de video, de música, de juegos –incluyendo los de azar– y hasta los servicios de clubes en línea o webs de citas.
Paralelamente, el Gobierno tiene previsto bajar –de manera más gradual a la anunciada días atrás– los impuestos internos para productos electrónicos (celulares, televisores y monitores iban a ir de 17 por ciento a 0 por ciento). Eso afectaba directamente a toda la industria de Tierra del Fuego.
Las bebidas azucaradas tendrán un impuesto del 17 por ciento. Eso será trasladado por las fabricantes –en un mercado muy concentrado– a los precios en góndola. Coca Cola, que había advertido de que iba a frenar inversiones, abrió una instancia de negociación y prevé que la alícuota podría bajar unos puntos en la discusión legislativa. Vino, champán y cerveza quedaron exentos.
Se modificará la forma en que se computarán los impuestos a los combustibles con un impacto que, según el Gobierno, será neutral. Pero se mantendrán beneficios para Malargüe (Mendoza) y para las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y para el partido bonaerense de Patagones.
Se baja a una alícuota única del 19,5 por ciento para a las contribuciones patronales, para las que, además, habrá un mínimo no imponible creciente: sobre una parte de los salarios, no se pagarán impuestos al trabajo.
Los contribuyentes de algunas ciudades podrán computar como crédito fiscal del IVA entre 5,05 puntos porcentuales en 2018 y 1,25 puntos en 2021. Son los casos del Gran Córdoba, Cruz del Eje, Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.