Justicia argentina: vigilar y castigar
El terrible relato de la tortura y ejecución en que termina la vida de Robert-Francois Damiens tras ser condenado por un Tribunal parisino en 1757, según lo describe Michel Foucault, no está muy lejos de lo que se vive en la Argentina de hoy, más allá del contexto social de la época. El día de la ejecución, el reo fue expulsado de manera violenta de su celda, mutilado, agredido durante el viaje hasta el cadalso por una turba enardecida, para que finalmente su cabeza rodara.
Años más tarde, en 1924, Francia suspendería las ejecuciones públicas debido a esos salvajes excesos. Esta restricción se extendió a casi todos los países occidentales, lo que trajo la disconformidad del ciudadano común, al no poder comprobar en vivo los castigos. En otras palabras: si el castigo no se exhibe, no tiene efecto en la sociedad.
Lamentablemente, en la Argentina del siglo 21, parte de la Justicia apela a métodos similares a los señalados por Foucault, en el intento de recuperar la credibilidad perdida. No cabe duda de que los recientes casos de detención de exfuncionarios del gobierno anterior se habían convertido en un clamor popular. Pero el procedimiento en cuanto a la oportunidad y publicidad tiñe más aun el descrédito de la Justicia argentina. Lo grave es que esos funcionarios debieron estar presos mucho antes, cuando estaban en sus cargos, ya que con total impunidad podían entorpecer la investigación y hasta darse a la fuga. Por eso no se entiende que de repente la Justicia, más precisamente la de Comodoro Py, en la Capital Federal, se lance sobre los restos de un gobierno que se fue. A su vez, si observamos esta situación en Córdoba, la Justicia provincial, que no registra avances significativos en temas de corrupción, ostenta también gestiones políticas, como fue el apoyo brindado por el presidente de la Nación a un fiscal provincial que exhibe públicamente éxitos fatuos hasta la fecha.
La degradación de la Argentina comenzó con la descomposición de sus instituciones. El “cambio” debe apuntar a lograr la credibilidad de la ciudadanía en la transparencia de la actividad del Estado. Ese objetivo sólo se logrará con un Poder Judicial independiente, silencioso, no corporativo y alejado de las influencias de los otros poderes. Para alcanzarlo, los jueces sólo deben apoyarse en las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional.
* Doctor en Derecho, docente de la Universidad Blas Pascal