Buscan impedir candidaturas a quienes tengan condenas
Una iniciativa apunta contra quienes tengan causas por corrupción. Incorpora un nuevo requisito para competir en una lista. Constitucionalistas advierten de que no se podrá aplicar a quienes sólo se encuentren procesados.
Un proyecto de ley que modifica el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, incorporando una causal más para prohibir que sean candidatos los condenados por delitos de corrupción, aun cuando la sentencia no esté firme, avanza en la Cámara de Diputados de la Nación y podría obtener media sanción antes de fin de año.
La iniciativa, que lleva la firma de la cordobesa Brenda Austin (UCR), Silvia Lospenatto (PRO) y Elisa Carrió (CC), pone el foco en delitos como tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y encubrimiento, entre los más importantes vinculados a la corrupción.
Hace una semana, la Comisión de Justicia, presidida por el radical Diego Mestre, dictaminó a favor del proyecto que propone bloquear las candidaturas de las personas con sentencia condenatoria por delitos en contra de la administración pública.
“Es la propia Constitución Nacional la que en el artículo 36 marca el camino para esta iniciativa. Cometer un delito de corrupción es un ‘atentado a la democracia’ porque erosiona la base de legitimidad en la que sostiene el sistema republicano. El artículo 16 de la Constitución exige la idoneidad para el acceso a los cargos, y eso habla tanto de la idoneidad técnica como de la idoneidad ética”, comentó Austin sobre la norma en debate.
Algunos constitucionalistas, sin embargo, advirtieron sobre que no se podrá inhabilitar a aquellas personas que sólo estén procesadas, ya que se presenta una incompatibilidad con el Pacto de San José de Costa Rica, que limita ese derecho a quien tenga condena “por juez competente en proceso penal”.
Al respecto, Austin aseguró: “No estamos modificando las leyes del derecho penal, sino los requisitos de inhabilidad para ser candidatos, en los que se deben vela por proteger el bien jurídico superior que es la propia democracia. El proyecto propuesto es respetuoso con los pactos internacionales que gozan de jerarquía constitucional y en particular con la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23, que admite una restricción frente a una condena de un juez competente”.
La Comisión de Justicia era la última instancia en la que la iniciativa debía obtener el dictamen favorable previo a su discusión en el recinto
“Esta ley viene a incorporarse a las otras, como la de Acceso a la Información Pública, la Ley del Arrepentido o la Extinción de Dominio, para que en Argentina la transparencia, la ética pública, la moral y la honestidad sean las características principales del ejercicio de la política”, cerró la política cordobesa.